Odebrecht tiene en ‘jaque’ a políticos de Latinoamérica

El escándalo de corrupción latinoamericano que involucra a la empresa brasileña Odebrecht cobró fuerza ayer en varios frentes.

En Panamá, el presidente Juan Carlos Varela reconoció que su campaña por la vicepresidencia, en 2009, recibió aportes de la empresa, mientras que en Ecuador la fiscalía acusó oficialmente al vicepresidente Jorge Glas de asociación ilícita.

El mandatario panameño admitió ayer que durante su campaña recibió “ayudas” provenientes de Odebrecht a través de una tercera persona y volvió a recalcar que las donaciones políticas “no son sobornos” ni constituyen un delito.

Previamente, el ex cónsul de Panamá en Corea del Sur Jaime Lasso, afirmó ante la fiscalía anticorrupción que el gobernante Partido Panameñista recibió en la campaña de 2009 unos 700 mil dólares de Odebrecht.

En tanto, un tribunal panameño validó ayer un acuerdo entre la fiscalía y Odebrecht, que incluye el pago de una multa millonaria, contempla el archivo de la causa en Panamá contra la empresa y podría allanar el camino para sentar en el banquillo a los panameños que recibieron sobornos.

El acuerdo validado por el titular del Juzgado Duodécimo del Circuito Penal de Panamá, Óscar Carrasquilla, establece que la constructora brasileña y principal contratista del Estado panameño tiene que pagar una multa de 220 millones de dólares por los sobornos desembolsados en el país.

El magistrado indicó que la empresa ya había depositado 10 millones de dólares, que se descontarán del monto total; que tiene que pagar la multa en 12 años, tal y como se acordó con la fiscalía, y abonar anualmente “una suma adicional del 5% del saldo pendiente en concepto de mora”.

Se prevé que por este acuerdo se tenga acceso a información de varios directivos y trabajadores de la empresa, entre ellos Andre Rabello, quien dirigió durante varios años las operaciones de Odebrecht en Panamá y quien ya ha declarado que la compañía pagó durante la administración del ex presidente Ricardo Martinelli (2009-2014) un total de 55.8 millones de dólares a dos de sus hijos, Luis Enrique y Ricardo Alberto, quienes se encuentran en paradero desconocido y sobre los que pesa una orden de detención internacional. También ha señalado a varios ex ministros.

También pega en Ecuador. La fiscalía general del Estado ecuatoriano acusó ayer al vicepresidente sin funciones, Jorge Glas, a su tío Ricardo Rivera y al ex contralor Carlos Pólit por el presunto delito de asociación ilícita en la trama de sobornos de la constructora Odebrecht.

El fiscal general, Carlos Baca, presentó 28 elementos de convicción que demostrarían la participación del vicepresidente en el delito de asociación ilícita, 39 para su tío Ricardo Rivera por la misma falta y una decena contra Pólit, quien es prófugo de la justicia y también está vinculado en otro caso de concusión de la misma trama de sobornos.

El fiscal expuso las razones que llevaron a su institución a formular cargos contra los otros 10 presuntos implicados por el mismo delito, después de descartar el miércoles acusar a cinco procesados, cuatro brasileños —entre ellos, José Conceicao Santos, ex director de Odebrecht en Ecuador— y un ecuatoriano.

Aseguró asimismo que la trama de corrupción versa sobre cinco contratos adjudicados a la constructora brasileña por el gobierno del ex presidente Rafael Correa y que en este contexto, el vicepresidente electo se habría beneficiado de 13.5 millones de dólares en sobornos pagados entre 2012 y 2016, indicaron medios locales.

En tanto, en Brasil Marcelo Odebrecht, ex presidente de la empresa que lleva su nombre, respondió durante un interrogatorio de unas cinco horas a todas las preguntas que le hicieron los fiscales que Perú envió para aclarar las dudas en los procesos por corrupción que se siguen en ese país.

El coordinador de la fiscalía de Lavado de Activos de Perú, Rafael Vela, a dijo que el empresario dio respuestas detalladas a todas las preguntas que se le hicieron y que dejó satisfechos a sus interrogadores. Sin embargo, se abstuvieron de detallar el contenido de las respuestas, ya que forman parte del sigilo del proceso.

En España, el diario El País reveló ayer que la constructora pagó 200 millones de dólares en comisiones ilegales a políticos, funcionarios, empresarios y presuntos testaferros de ocho países de Latinoamérica a través de la Banca Privada de Andorra (BPA), según informes confidenciales de la policía de este principado.

Según el periódico, ha tenido acceso a la documentación confidencial que políticos, funcionarios, abogados y testaferros de Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina presentaron a la BPA para abrir sus cuentas secretas.