México suma a dos países y a fiscales de distrito de EU en su demanda contra armerías

Washington.- México respondió ante la corte de Boston, Massachusetts, a los argumentos de las armerías de Estados Unidos que pidieron desechar la demanda presentada por el gobierno mexicano.

Vía Twitter, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que “presentamos en tiempo y forma, ante la Corte de Boston, las pruebas de negligencia de las empresas fabricantes de armas demandadas por el gobierno de México”.

En noviembre pasado, las empresas armamentísticas de Estados Unidos acusadas por el gobierno mexicano de negligencias que facilitan el tráfico ilegal de armas pidieron a la corte de Boston que se desestime el caso y no se tome en consideración, alegando que ninguna de ellas promueve ni facilita el acceso de grupos del crimen organizado a las armas que ellos fabrican, así como que México se equivocó en presentar la demanda en una corte que no tiene jurisdicción para el caso que presenta.

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México asegura que, contra lo que señalan las armerías, la corte de Boston sí tiene jurisdicción y que las armerías sí tienen responsabilidad en el hecho de que las armas que venden terminen en manos del crimen organizado .

Además de la respuesta del gobierno mexicano, los gobiernos de Antigua y Barbuda y Belice, media docena de organizaciones estadounidenses para el control de armas como Everytown o March for Our Lives , y una treintena de fiscales de distrito de varios condados y ciudades de Estados Unidos presentaron un documento de apoyo a la demanda mexicana, y acusan a las armerías de negligencias que facilitan el tráfico ilegal de armas al país.

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Este conglomerado de actores se personó ante la corte de Boston que tiene el caso como “amici curiae” (amigo de la corte, en su traducción literal), una expresión utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros en un litigio, donde exponen opiniones y argumentos en su posición de defender una u otra parte del caso judicial, y así ayudar a la corte a resolver el litigio.

Todos se sumaron al esfuerzo del gobierno de México de hacer rendir cuentas a los principales fabricantes de armas estadounidenses de la violencia y muertes no solo en México, sino también en toda la región.

“Los amici curiae abajo firmantes presentan respetuosamente este escrito para informar a la Corte que, si bien México es la única parte demandante, las prácticas comerciales de los demandados también han perjudicado y continúan perjudicando a muchas otras naciones”, escribieron, en su documento, los gobiernos de Antigua y Barbuda y Belice, por ejemplo.

En todos los archivos presentados ante las cortes, decenas de páginas revisadas por EL UNIVERSAL , todas las partes que se posicionan con el gobierno mexicano coinciden en prácticamente lo mismo: el argumentario de las armerías de que el gobierno de México “ataca a las libertades constitucionales de EU” y “el derecho a portar armas”, evitan hacerse responsables de nada referente a que sus armas llegan a manos de cárteles y organizaciones criminales, poniendo en riesgo la seguridad.

“Los acusados amenazan los valores [de Estados Unidos] al diseñar, comercializar y vender sus armas de una manera que se canalizan a los cárteles de la droga en México”, exponen las organizaciones contra la violencia de las armas. “Las decisiones de diseño, mercadeo, distribución y venta de los demandados han facilitado el tráfico de armas de fuego semiautomáticas de alta capacidad y estilo militar a través de la frontera hacia México. Los cárteles usan esa avalancha de armas de fuego para aterrorizar al público mexicano y al Gobierno”, añaden.

Entre las organizaciones destacan Everytown, la organización de prevención de violencia por armas de Estados Unidos nacida en gran parte tras la matanza de Shandy Hook en 2012, donde murieron veinte menores; March for Our Lives, la organización creada por los sobrevivientes de la matanza de Parkland; o la fundación Giffords, creada por la excongresistas demócrata Gabrielle Giffords, superviviente de un tiroteo mientras hacía un mítin electoral.

Las armerías acusadas son Smith & Wesson Brands, Inc.; Barret Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta USA Corp; Beretta Holdings S.P.A; Century International Arms, Inc.; Colt’s Manufacturing Company LLC; Glock, Inc.; Glock Ges M.B.H.; Sturm; Ruger &Co., Inc.; Witmer Public Safety Group, Inc., y D/B/A Interstate Arms.

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