Buenos Aires.— Cristina Kirchner, ex presidenta argentina y actual senadora, fue procesada ayer por el juez que lleva la megacausa de sobornos conocida como “cuadernos de la corrupción”, quien además ordenó su prisión preventiva, así como a una treintena de ex funcionarios y empresarios. Kirchner, quien suma su quinto procesamiento en distintas causas, seguirá en libertad por su fuero como senadora.

Pero tras considerar a la ex presidenta “jefa de una asociación ilícita”, según informó el Centro de Información Judicial (CIJ), el juez federal Claudio Bonadio “pidió su desafuero” al Senado.

En el fallo, el magistrado procesó también con prisión preventiva a 17 ex funcionarios y 13 empresarios.

Del total, cinco ex funcionarios y nueve empresarios permanecerán en libertad por haber sido aceptados como “arrepentidos” al colaborar con la justicia , ente ellos Ángelo Calcaterra, un primo del presidente argentino, Mauricio Macri.

Otros siete empresarios, cuatro ex funcionarios y un ex juez fueron procesados sin prisión preventiva. Bonadio embargó a todos los procesados por 4 mil millones de pesos (100 millones de dólares). El juez investiga el pago de sobornos millonarios por parte de los más importantes empresarios argentinos para obtener contratos de construcción de obra pública entre 2003 y 2015.

En su resolución, Bonadio sostuvo que entre 2003 y 2015 operó en Argentina “una colusión de funcionarios y empresarios que hizo funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad, que dejaba al pueblo más humilde sin cloacas, sin agua corriente, sin servicios, sin transporte seguro... y todo esto se hizo para distribuir coimas [sobornos] a funcionarios corruptos”. La trama de sobornos fue destapada por una serie de detallados diarios que llevó un chofer del ministerio de Planificación y que terminaron en manos de la justicia.

Respecto al destino del dinero, Bonadio concluyó que “era utilizado para sufragar de manera ilegal actividades de naturaleza electoral, o vinculadas a la gestión política del gobierno y de organizaciones satélites; comprar voluntades del Poder Judicial o de funcionarios”.

A esas anotaciones hechas en cuadernos escolares se han sumado las confesiones de una docena de implicados que se acogieron a la figura legal de “arrepentidos”, la mayor parte empresarios, pero también ex funcionarios de los gobiernos kirchneristas. Hace tres semanas, el juez llevó a cabo allanamientos en las tres viviendas de Kirchner, un departamento en Buenos Aires y dos casas en Río Gallegos y El Calafate, en la Patagonia.

En el marco de esta investigación, la senadora fue indagada dos veces por el juez Bonadio. En ambos casos estuvo en el juzgado, pero presentó un escrito. La ex presidenta, que rechaza las acusaciones y se considera una perseguida por la justicia, había recusado sin éxito al juez y al fiscal de la causa, Carlos Stornelli.

Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Kirchner, dijo que el juez “es inútil y arbitrario”, en declaraciones al canal C5N.

En la misma jornada, la justicia le denegó un pedido de postergación de audiencia y Kirchner será investigada hoy por el juez Sebastián Casanello, en otra causa que investiga supuesto lavado de dinero.

Kirchner está investigada en ocho causas por supuesta corrupción y por presunto encubrimiento a iraníes en la causa por el atentado a la mutual judía AMIA.

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