Instan a México a evitar militares en seguridad pública

Organizaciones americanas y europeas de defensa de derechos humanos exhortaron a la Cámara de Diputados a rechazar una ley que validaría presencia de fuerzas armadas en el combate a la delincuencia
29/11/2017
19:12
José Meléndez/enviado
San José
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Un grupo de nueve organizaciones no estatales de derechos humanos de Estados Unidos, América Latina y Europa instó hoy a la Cámara de Diputados de México a rechazar la Ley de Seguridad Interior (LSI), porque validaría la participación de las fuerzas armadas mexicanas en tareas de seguridad pública, establecería un “precedente sumamente negativo” en los países latinoamericanos y un “efecto de militarización”.

Pese al “rechazo” en México de sectores de la sociedad civil y de expertos en seguridad y derechos humanos, la Cámara consideró su discusión para este jueves de esa ley que normaliza “la participación de las fuerzas armadas en labores policiales”, advirtió el grupo.

“Durante décadas nuestras organizaciones han documentado las afectaciones a los derechos humanos como consecuencia del despliegue de militares en las calles y el uso sostenido de la fuerza pública en la lucha contra la delincuencia organizada en el país”, alertó, en una declaración conjunto que difundió en esta capital.

“En el contexto de dicha estrategia, hemos documentado los retos que enfrenta el sistema de justicia civil (de México) para investigar y sancionar los abusos cometidos por la delincuencia organizada y las fuerzas de seguridad, incluyendo fuerzas armadas, así como la impunidad que prevalece en la mayoría de estos casos”, añadió.

“Aprobar la LSI o formalizar estrategias de seguridad militarizadas en el país sentarían un precedente sumamente negativo en América Latina y, al mismo tiempo, pondrían en peligro las importantes reformas en materia de derechos humanos que han sido aprobadas en México”, afirmó.

Una reforma en riesgo, precisó, es la que en 2014 “restringió el alcance del fuero militar” y estableció “la investigación y el juzgamiento por parte de la jurisdicción civil de violaciones a derechos humanos cometidas por fuerzas armadas en contra de civiles. De esta forma, a menos que se fortalezca el sistema de justicia civil en México, estas reformas corren el riesgo de convertirse en ‘derechos de papel’ si se aprueba la LSI.

Las organizaciones “expresamos nuestra preocupación ante el avance de la LSI en México y/o de las reformas legales que tendrían un efecto de militarización similar al que plantea esta ley”, recalcó.

Frente a este panorama, explicó, “urgimos al Congreso mexicano a rechazar una ley que levanta serias y fundadas preocupaciones y a hacer valer a nivel interno el compromiso con los derechos humanos que México defiende férreamente ante la comunidad internacional”.

El Estado mexicano, reiteró, “debe atender las exigencias de las organizaciones sociales que demandan reformas para profesionalizar la policía en todo el país y garantizar una Fiscalía y un Fiscal General autónomos, capaces de investigar delitos y violaciones a derechos humanos. El Fiscal y la Fiscalía son herramientas necesarias para acabar con la impunidad generalizada en el país”.

“El debate sobre eventuales cambios en las normas que regulan la seguridad pública debe estar precedido por la presentación de un plan de retiro progresivo de las fuerzas armadas de las operaciones de seguridad pública en estrecha correlación con la profesionalización de la policía a todos los niveles”, aseveró.

El involucramiento del aparato militar de México en labores de seguridad pública se remonta a 2006, con el inicio de una guerra de las fuerzas federales principalmente en contra de los cárteles mexicanos del narcotráfico internacional.

Las organizaciones firmantes, todas de alcance mundial o continental, son Amnistía Internacional (Reino Unido); World Organization Against Torture (Suiza); Conectas Direitos Humanos (Brasil); Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Costa Rica); Centro de Estudios Legales y Sociales (Argentina);  y las estadounidenses Action by Christians for the Abolition of Torture, Fundación para el Debido Proceso, Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Open Society Justice Initiative y Robert  F. Kennedy Human Rights.

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