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El Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, canceló ayer inesperadamente una sesión a puerta cerrada para interrogar al ex abogado de negocios del presidente Donald Trump y uno de sus más estrechos colaboradores, Michael Cohen, quien negó estar involucrado en la presunta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016.
La reunión en el Senado fue programada como parte de la investigación sobre la supuesta interferencia rusa, y Cohen llegó a personarse con su abogado en las dependencias de la Cámara Alta, pero abandonó la sesión después de una hora.
“Volveremos para una entrevista voluntaria siempre que podamos reunirnos con ellos, y esperamos colaborar voluntariamente con el comité de la cámara”, dijo el abogado de Cohen, Steve Ryan, luego de que el comité le informó de sorpresa de que no deseaba que la entrevista continuara.
Cohen dijo en un comunicado —el cual fue obtenido por el diario The Washington Post— que iba a presentar ante el Congreso: “Nunca me involucré, ni fui pagado por ni para, o conversé con algún miembro de la Federación Rusa ni hablé con nadie para hackear a alguien o alguna organización”.
Cohen indicó que nunca vio una “sugerencia de algo” que demostrara que el presidente Donald Trump estuviera involucrado en el caso.
El titular del comité de Inteligencia, el republicano Richard Burr, y el demócrata Mark R Warner destacaron a través de un comunicado conjunto: “Nos decepcionó que el señor Cohen decidiera adelantarse a la entrevista de hoy [ayer] divulgando un comunicado público previo a su participación ante la comisión, pese al pedido expreso de que se abstenga de hacer comentarios”.
En tanto, Paul Manafort, ex jefe de la campaña a la Casa Blanca de Trump, instó ayer al Departamento de Justicia a que divulgue las escuchas telefónicas que un tribunal secreto autorizó en su contra.
La CNN informó el lunes, citando a tres fuentes bajo condición de anonimato, que un tribunal secreto autorizó las escuchas bajo la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) en 2016, aunque luego suspendió la orden por falta de pruebas. Sin embargo, el FBI logró una nueva orden bajo la FISA y espió a Manafort hasta entrado 2017, un periodo en el que Trump ya era presidente y ambos se comunicaban.
El interés del FBI en Manafort residía en sus contactos con funcionarios rusos.
Un portavoz de Manafort instó al Departamento de Justicia a investigar las filtraciones a la CNN y a “examinar las motivaciones del gobierno anterior de vigilar a un adversario político”.
