Washington.— El gobierno del presidente Donald Trump presentó ayer un proyecto que busca modificar el acuerdo que limita la detención de migrantes menores de edad.

El Departamento de Seguridad Nacional, que redactó el proyecto junto con el de Salud, dijo en un comunicado que poner fin al llamado Acuerdo Flores de 1997 permitirá acelerar el procesamiento de los casos de inmigración y a la vez disuadirá los cruces ilegales de la frontera de Estados Unidos con México. “Acabar con el FSA (Acuerdo Flores) es un paso importante para recuperar el control sobre la frontera”, aseguró.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, argumentó que “en la actualidad, las escapatorias legales entorpecen la capacidad del departamento de detener y expulsar rápidamente las unidades familiares que no tienen fundamentos legales para permanecer en el país”. El proyecto presentado, añadió, “apunta a uno de los principales factores atractivos de la inmigración ilegal”.

La medida enfureció a los promotores de derechos de los inmigrantes y casi con seguridad provocará una batalla en las cortes. “Es repugnante ver cómo el gobierno de Estados Unidos busca la manera de prolongar el encierro de niños”, dijo Omar Jadwat, director del Proyecto de Derechos de Inmigrantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés). “Es un nuevo ejemplo de la hostilidad del gobierno de Trump hacia los inmigrantes cuyo resultado es una política incompatible con los valores humanos fundamentales”, agregó.

El Acuerdo Flores obliga al gobierno a mantener a los niños en el ambiente menos restrictivo posible y dejarlos en libertad al cabo de unos 20 días. Durante años, debido a esas restricciones, muchos padres y niños a los que se detenía en el intento de entrar subrepticiamente al país quedaban en libertad mientras se procesaba su pedido de asilo, una práctica que Trump caracteriza como “capturar y soltar”. Las nuevas normas permitirían al gobierno mantener detenidas a las familias hasta finalizar su procesamiento.

Reclaman indemnización. En tanto, abogados presentaron una demanda colectiva para que el gobierno de EU se haga responsable del trauma emocional que sufrieron los niños que fueron separados de sus padres en la frontera de EU y que podría lograr que se indemnice a más de 2 mil familias de inmigrantes.

La demanda busca crear un fondo para pagar el tratamiento sicológico de los niños separados de sus padres. “Estos niños tienen pesadillas. Se comen las uñas hasta sangrar. Se caen de la cama en la noche porque se despiertan sobresaltados por el miedo”, dijo Susan Church, una de las abogadas que presentó la demanda en Worcester, Massachusetts, contra el fiscal general Jeff Sessions y otros funcionarios del gobierno.

Por su parte, la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, emitió una orden ejecutiva ordenando que el centro de detención de la ciudad deje de aceptar personas arrestadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Afirmó que es la mejor manera de mostrar la oposición de su gobierno a las actuales e “inhumanas” políticas federales de inmigración.

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