Washington.— Estados Unidos anunció ayer una reducción drástica del tope de refugiados que recibe como parte de su política de reasentamiento a 30 mil en 2019, un mínimo histórico, informó el gobierno de Donald Trump.

Esta cifra es menor al máximo de 45 mil instaurado para el año fiscal 2018, que termina el 30 de septiembre, pero mayor al número real de refugiados reasentados el año pasado, que fue de 21 mil.

Es la cifra más baja en el programa de refugiados del Departamento de Estado desde que se instituyó en 1980.

“La política de refugiados de este gobierno sirve al interés nacional de EU y amplía nuestra capacidad para ayudar a los necesitados en todo el mundo”, aseguró el secretario de Estado, Mike Pompeo, al informar la decisión. “Somos y seguiremos siendo la nación más generosa del mundo”, añadió.

El nuevo tope apenas supera la cuarta parte de los 110 mil establecidos por el ex presidente Barack Obama para el año fiscal 2017. La cuota se inscribe en la política migratoria del presidente Trump.

“Seguiremos ayudando a los más vulnerables del mundo sin perder nunca de vista nuestro primer deber: servir al pueblo estadounidense”, dijo.

Aseveró que los cientos de miles de solicitudes de asilo, la mayoría de mexicanos y centroamericanos, son una carga para el sistema.

Argumentó que el gobierno debía tener más cuidado para no admitir a posibles criminales y terroristas: “Este año tuvimos evidencia de que el sistema que funcionaba antes era defectuoso. Permitió ingresar a un ciudadano extranjero que más tarde se descubrió que era miembro de [la organización yihadista] Estado Islámico, así como a otras personas con antecedentes penales”.

Según el Departamento de Estado, hasta el 14 de septiembre, EU había admitido a 20 mil 825 refugiados, menos de la mitad de la cuota de este año. Pompeo comentó que el país procesa los pedidos de más de 280 mil solicitantes de asilo, que se suman a otros 800 mil que ya aguardan la adjudicación de las suyas, pero la mayoría corresponde a solicitantes que cruzaron la frontera del suroeste de EU desde América Central, a quienes el gobierno de Trump califica como inmigrantes económicos.

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