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El máximo tribunal constitucional de El Salvador conminó a la Fuerza Armada salvadoreña a que le informen sobre una serie de operaciones militares desplegadas en 1982, durante el conflicto bélico que sacudió de 1980 a 1992 a ese país, que provocaron las desapariciones forzada de 78 niños y niñas y la violación de sus derechos humanos.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia obligó al Ministerio de Defensa Nacional y al Estado Mayor del ejército de El Salvador a notificarle sobre los operativos y los fustigó por la existencia de un “patrón de desinformación” sobre casos de menores desaparecidos.
El recuento, añadió, también debe ser remitido a la Fiscalía General.
De los 78 casos registrados, 19 menores fueron hallados vivos y ocho muertos, mientras que 51 están desaparecidos, precisó la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (Pro-Búsqueda), de El Salvador,
Consultada por EL UNIVERSAL, la dirección de Comunicación del Ministerio respondió ayer que la institución armada sigue sin pronunciarse sobre el fallo y añadió que existe la posibilidad de que lo haga este viernes.
Este diario envió un mensaje por correo electrónico al ministro salvadoreño de Defensa Nacional, general de división David Munguía, con las consultas pero sin que todavía se haya remitido respuesta.
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Los documentos solicitados son de dos maniobras militares de la guerra, que enfrentó al ejército con la insurgencia del ahora gobernante y ex guerrillero Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional (FMLN) y cuyo final se firmó en México en 1992. Una es la “Operación Limpieza” o “Guinda de Mayo” y otra es “Mario Azenón Palma” o “Invasión Anillo”.
Pro-Búsqueda y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), con sede en varios países de América, explicaron que los operativos “guardan directa relación” con desapariciones de menores por los que el Estado salvadoreño fue declarado culpable y condenado en 2004 y 2011 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). “Las históricas decisiones de la Sala permitirán avanzar en el esclarecimiento de estas graves violaciones de derechos humanos y, a su vez, aportarán en la construcción de memoria y en la búsqueda de reparación para las víctimas”, aseguraron.
“Es un apretón de tuerca más que se le da a la Fuerza Armada”, dijo el español Eduardo García, director de Pro-Búsqueda. “Ya no basta con que niegue información. La Sala pide que por todas las formas legales posible la reconstruya”, dijo García a este diario. Aunque es de diciembre de 2017, el fallo fue dado a conocer recientemente, detalló.
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La Sala concedió 15 días al ejército para que entregar la información y “el plazo ya casi se está cumpliendo”, relató. Si se niega y pasa ese tiempo, la Sala notificará al ex comandante guerrillero del FMLN y ahora presidente de El Salvador, Salvador Sánchez, como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada, “para que castigue a sus subalternos que se niegan a acatar el fallo o que ordene abrir los archivos militares”, advirtió.
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