Washington.— Un tribunal federal de Washington le dijo ayer al gobierno de Donald Trump que no puede interferir con la decisión de las inmigrantes adolescentes que están bajo custodia federal de interrumpir su embarazo.

La orden de la juez de distrito Tanya Chutkan le prohíbe al gobierno “interferir con u obstruir” el acceso de las menores embarazadas a un aborto ni las asesorías para abortar, entre otras cosas, mientras se dirime una demanda entablada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). El fallo atañe a las menores embarazadas que están bajo custodia federal tras ingresar al país ilegalmente.

La ACLU interpuso la demanda a nombre de las menores, y Chutkan permitió que la querella prosiga como demanda colectiva.

En diciembre, Scott Lloyd, director de la Oficina de Reubicación de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos, señaló que no había aprobado ninguna interrupción de embarazo desde que se convirtió en director, en marzo de 2017. Rechazó la solicitud de aborto de una adolescente que fue violada.

En su fallo, Chutkan dijo que Lloyd y su oficina “tienen derecho a mantener un interés en la vida del feto”, e incluso a preferir que las menores embarazadas bajo su custodia “elijan una opción en lugar de otra”, pero el gobierno no puede implementar una política que las despoje “de su derecho a tomar sus propias decisiones reproductivas”.

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