Corrupción sin freno corroe a AL, advierten

La región intenta desandar la intrincada trama de la connivencia pública-privada; en los países existen leyes que la combaten, pero queda pendiente su cumplimiento
Ecuatorianos protestan en diciembre de 2017 contra el ex vicepresidente Jorge Glas, acusado de corrupción dentro del escándalo Odebrecht. Foto: DANIELA BRIK. EFE
06/05/2018
01:41
GDA / La Nación
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La presidenta de Brasil inaugura de manera oficial una refinería y sucede este diálogo entre un matrimonio relacionado con el poder que está en su casa siguiendo los acontecimientos por la televisión:

Ella: —Podría haberse hecho con la mitad del dinero, ¿no?

Él: —Sí. Pero es preferible tener una refinería, que nada.

Ella: —Pero podríamos tener dos.

Él: —No hay voluntad política.

Es parte de la “obra de ficción inspirada libremente en eventos reales” —según sus autores—, de El Mecanismo, serie de Netflix basada en el libro Lava Jato: el juez Sergio Moro y los bastidores de la operación que sacudió a Brasil, del periodista Vladimir Netto, y que desató la ira de Luiz Inácio Lula da Silva, ex presidente de Brasil, hoy preso por corrupción.

Lejos de la ficción, la consultora estadounidense Global Financial Integrity da cuenta de la magnitud de dinero ilícito (de la corrupción, del crimen organizado, la evasión de impuestos, financiamiento del terrorismo, lavado de dinero, entre otros) que circula por América Latina. Señala: “Las transferencias ilícitas al exterior de América Latina llegan hasta 147 mil millones de dólares anuales y las que ingresan a la región, a 257 mil millones de dólares”.

La corrupción no sólo es materia de “peces gordos”, sino que es transversal a todos los sectores de la sociedad, incluso los más humildes. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística de México reporta la comisión de más de 4 millones de actos anuales de pequeña corrupción en el contacto de ciudadanos y autoridades.

A nivel empresarial, según el último informe anual Report to the Nations, publicado este mes por la Asociación de Examinadores de Fraude (ACFE, por sus siglas en inglés), en Latinoamérica y el Caribe 51% de los delitos de guante blanco son por corrupción (sobornos y conflicto de interés), en los que las empresas pagan una media de 100 mil dólares para lograr algo a cambio (mayormente de parte del Estado). Todo esto en una región que, según la Cepal, tiene en 2017 más de 187 millones de personas que viven en la pobreza y 62 millones en la pobreza extrema.

Observar el mapa que publica todos los años Transparencia Internacional, y que mide la corrupción en los diferentes países, es ver el mundo a través de un color predominante: el rojo. Más de dos tercios de los 180 países que participan tienen una calificación inferior a los 50 puntos, donde 100 es el puntaje que define la mayor transparencia. América Latina no es ajena a esta tendencia, con un puntaje bastante pobre, siendo Chile y Uruguay los que mejor califican. El resto está en la zona roja.

Esto sucede a pesar de que en materia de leyes contra la corrupción pública-privada, la región avanzó en los últimos años. Algunas tienen alcance extraterritorial, se establecen multas y hasta el retiro de la persona jurídica de las empresas. Hay países que, si no tienen leyes específicas, cuentan con herramientas ad hoc en los códigos. Esto sucede en El Salvador y Chile, donde existen normas que la prevén y castigan con la disolución o cancelación de la persona jurídica.

En Argentina, a principios de 2018 entró en vigencia la nueva ley de responsabilidad penal de las empresas, con multas de “dos a cinco veces el beneficio indebido” y “suspensión total o parcial de las actividades que en ningún caso podrá exceder los 10 años”. En Colombia, las multas llegan, para las personas jurídicas (empresas) que incurran en actos de corrupción, hasta a 200 mil salarios mínimos, es decir, 54.27 millones de dólares. En Perú existe la Ley de Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas sobre Delitos de Cohecho Activo Transnacional y la ley 30737, que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos.

Brasil exige como sanción administrativa una multa equivalente a 20% de la facturación bruta del último ejercicio y la reparación integral del daño.

También, un descuento de 1% a 4% en caso de que la empresa tenga un programa de integridad. Además, las empresas que tengan y apliquen un canal de denuncia pueden ver reducidas sus penalidades.

En general se considera un atenuante tener un programa de integridad que funcione correctamente y que colabore con las investigaciones. Con la responsabilidad sobre proveedores, las acciones llegan también a las empresas que los contratan. Por ejemplo, en México, al 31 de julio de 2016 se tienen registradas mil 603 sanciones impuestas por el Servicio de Protección Federal a licitantes, proveedores y contratistas, que infringieron la ley de contratación pública.

Un mero decorado

A pesar de las normas, “estamos mal”, dice la argentina Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, al referirse a la región. “Es cierto que tenemos un avance en materia legislativa. La mayoría de los países de la región ha ratificado las convenciones internacionales, ha aprobado leyes de acceso a la información pública, de creación de oficinas anticorrupción y de responsabilidad penal de las empresas. Hay figuras de delación premiada o de protección a los denunciantes de la corrupción. El problema es que nosotros tenemos esas leyes guardadas en los anaqueles y, a las oficinas correspondientes, sin presupuesto, sin personal, sin infraestructura. Por lo tanto, tenemos un ‘decorado anticorrupción’ y falta de implementación de normas en muchos países”.

Es cierto que existen hitos que generan expectativa, pero que no logran parar la maquinaria bien aceitada de los sobornos. Imposible no recordar a presidentes, ex presidentes, funcionarios de primera línea y empresarios en la cima de la pirámide presos o con causas activas por corrupción. En esta situación está quien fuera vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas; los ex presidentes peruanos Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, y el ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, entre otros. En Argentina, varios funcionarios muy cercanos a la ex presidenta Cristina Kirchner están en prisión preventiva. Ella misma tiene una megacausa por corrupción llamada “la ruta del dinero K”, parte de la cual conforman hoteles cinco estrellas que presuntamente funcionaban para lavar dinero.

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Ollanta Humala, ex presidente de Perú y su esposa, tras ser liberados de prisión preventiva el 30 de abril.
 

La operación Lava Jato, iniciada en 2014 y aún en curso, tiene al mundo en vilo por el alcance de sus redes a nivel internacional. Comenzó con la investigación de fraudes en contratos con Petrobras y reveló esquemas de corrupción involucrando a los principales nombres de la política del país. Después de cuatro años, suma 183 condenas contra 119 personas, entre ellas empresarios, ex directores de la empresa estatal y políticos. Investigadores rastrearon pagos de sobornos por cerca de 6 mil 400 millones de reales (mil 825 millones de dólares). El resarcimiento pedido y las multas aplicadas llegan a 38 mil millones de reales (10 mil 868 millones de dólares).

La investigación de los crímenes alcanzó una dimensión internacional luego de ser negociados 395 pedidos de cooperación con al menos 42 países. Las acciones también resultaron en 11 acuerdos de lenidad con empresas involucradas. Pero, este tipo de acciones, ¿pueden perdurar en el tiempo? La presidenta de Transparencia Internacional cree que no. “En la región vemos algunas tendencias: en primer lugar, la corrupción sigue rampante. En segundo lugar, es cierto que se ven algunos atisbos de lucha contra la impunidad”. Afirma que se dan de tres maneras distintas:

1.— Existe el modelo “campeones”, como el de Brasil: “El gran esfuerzo está hecho por campeones de la lucha anticorrupción, que son el juez Sergio Moro, su gente y el equipo de fiscales. Si se van, o se retiran, ¿habrá nuevos campeones?”.

2.— El modelo “paraguas internacional”: en Honduras y en Guatemala “se ha desbancado a presidentes, vicepresidentes y se ha encarcelado a funcionarios. El modelo se basa en la intervención de un organismo [por ejemplo. alguno amparado por Naciones Unidas o la OEA], que colabora en la investigación local. Sin embargo, no es reproducible en todos los países porque cada uno tiene sus normas”.

3.— El modelo ¿me conviene?: En Argentina y Perú, por ejemplo, “los mismos jueces que durante años miraron para el costado, es decir, no hicieron nada, cuando cambian las circunstancias políticas o económicas o se produce algún escándalo, se despiertan y activan las causas.

“El problema en cualquiera de estos tres modelos es la sustentabilidad de la lucha contra la impunidad”, comenta Ferreira Rubio. Para comenzar a transitarla, se necesita cumplir con las leyes y que la justicia tenga las herramientas, la tecnología y los recursos suficientes. Y también, en casos de corrupción transnacional, “habría que mejorar los mecanismos de cooperación en la investigación y de armonización legislativa en normas procesales. En muchos países para investigar algo en el extranjero la justicia recurre a procedimientos del siglo XIX, con oficios que pasan por cancillerías, llegan al juez que dice me falta un dato… y vuelve a pasar por cancillerías. Mientras esto sucede, la gente está pasando dinero a empresas
offshore a la distancia de un click”.

Pero hay más palos en la rueda. En México, por ejemplo, existe una ley que crea un Sistema Nacional Anticorrupción. No obstante, funciona de manera parcial porque no se ha nombrado al fiscal anticorrupción. De acuerdo con el Banco Mundial, el costo anual de la corrupción en México es de 9% del PBI. Por otro lado, la Encuesta de Fraude y Corrupción de KPMG reporta que 44% de las empresas en México realizan pagos extraoficiales a funcionarios.

“Este delito afecta a los negocios porque se incrementan los costos de operación y se crea por contagio un ambiente de negocios degradado, donde el paradigma es que ‘los honestos no tienen lugar’, o que ‘para hacer esto, debes dar lo otro’”, dice Carlos Rozen, director de la Asociación Argentina de Ética y Compliance y socio de BDO. “Los recursos productivos son redirigidos para el pago de sobornos y los controles disminuyen o se anulan”. Finalmente, hace un llamado a que existan condenas aleccionadoras que pongan en evidencia que el costo del delito “resulta de una vez por todas más alto que el beneficio que se obtiene”.

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