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Las autoridades venezolanas allanaron ayer la vivienda de la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien denunció que se trata de parte de una “venganza” por su lucha contra el gobierno de Nicolás Maduro.
“En este momento el Sebin [Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional] allana mi vivienda como parte de la venganza de este gobierno por luchar contra el totalitarismo que existe en Venezuela”, tuiteó la ex fiscal. “De esta forma es que el gobierno de Maduro y [el constituyente Diosdado] Cabello pretenden acabar con nuestra lucha por la democracia y la libertad de los venezolanos”, añadió la ex fiscal, destituida por la Asamblea Constituyente. Horas antes, el sucesor de Ortega Díaz, Tarek William Saab, pidió la detención del esposo de la ex fiscal y diputado disidente del chavismo, Germán Ferrer.
Cabello presentó en la fiscalía una denuncia contra Ferrer, al que se acusa de liderar una presunta red de extorsión que funcionaba desde el Ministerio Público.
Ferrer negó que la firma que figura en documentos presentados por la fiscalía para incriminarlo en la presunta extorsión sea suya, y pidió que se compare con su rúbrica para demostrarlo.
En la misma jornada, la Constituyente instaló la “Comisión de la Verdad”, conformada por 13 miembros, que investigará a líderes opositores que convocaron a protestas contra el presidente Nicolás Maduro entre abril y julio y la difusión de contenidos que inciten la violencia y el odio.
Delcy Rodríguez, presidenta de la Constituyente, agregó que también se abrieron investigaciones contra el parlamentario Julio Borges, por haber enviado cartas a bancos e instituciones instando a que no dieran financiamiento al gobierno por considerarlo una “dictadura”. La Comisión pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) la lista de los postulantes a los comicios regionales de octubre para determinar si alguno está implicado en hechos que hayan afectado “la paz y la tranquilidad”.
