Entre porras y aplausos que provenían del exterior del Congreso de la Ciudad de México, que desde temprano ambulantes lo convirtieron en un tianguis, la diputada local del PRI, Silvia Sánchez Barrios, presentó una “nueva” iniciativa de la Ley que Regula el Ejercicio del Comercio y el Trabajo no Asalariado en la Vía Pública, mejor conocida como “ChambeandoAndo”.

Sin embargo, la priista reconoció que “es prácticamente” la misma que hace dos años presentó su hermana y líder de los ambulantes en el Centro Histórico capitalino, Diana Sánchez, quien actualmente está confinada en el penal de Santa Martha, acusada del delito de extorsión.

La legisladora explicó que esta “nueva” ley, “que es la misma, sólo que con ligeros cambios”, tiene como fin sacar de la “congeladora” esa iniciativa, la cual por diversos intereses políticos quedó guardada, durmiendo el sueño de los justos.

En sesión ordinaria, Sánchez Barrios puntualizó que con esta propuesta, “pretendemos combatir aquellas viejas concepciones antidemocráticas, excluyentes y discriminatorias, que históricamente han afectado a los trabajadores del comercio en el espacio público”.

Añadió que “los comerciantes populares merecen ser titulares de una protección jurídica, que es imprescindible para garantizar el autoempleo en el espacio público y el comercio popular en la dinámica de una nueva forma de economía incluyente y no discriminatoria”, enfatizó.

Aclaró que buscará dialogar con todas las fuerzas políticas del Congreso local, ya que la intención es sensibilizarlos ante este tema y evitar que, de nueva cuenta, esta propuesta vaya a parar a la congeladora.

La legisladora tricolor rechazó que inicie desde cero el análisis de esta propuesta, pues, aseguró, “ya se tienen las bases jurídicas y, sobre todo, el sentir de los comerciantes”.

Además, reconoció que la delincuencia organizada se ha infiltrado en el comercio popular, por lo que es importante impulsar y dignificar este sector.

“Sería muy cruel que dejaran a 2 millones de personas desprotegidas en la Ciudad o a 20 millones a nivel nacional. Es necesario acabar con la absurda distinción entre ciudadanos de primera, segunda o tercera, porque los comerciantes populares tienen los mismos derechos que cualquiera que estamos hoy aquí sentados”, destacó Sánchez Barrios.

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