El Estado se enfrenta a un país armado

Portar de forma ilegal armas de fuego acumula la mitad de los delitos por los cuales los juzgados en el país han tenido que intervenir bajo el Nuevo Sistema Penal Acusatorio. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) encontró que 56% de los delitos que llegaron ante los jueces en el país de noviembre de 2014 a junio de 2017 fueron por esa causa.

En el informe La Reforma de Justicia Penal, el CJF detalla que con mayor frecuencia, 82%, los procedimientos finalizaron por medio del sobreseimiento de los procesos penales, además de que, en promedio, hubo una persona sentenciada por esta forma de terminación anticipada del delito por el que se recibe una condena de tres años y dos meses y en la mitad de los casos la multa económica promedio fue de tan solo 4 mil 575 pesos, cuando el máximo establecido es de 10 mil 639 pesos.

A nivel federal, los principales delitos en materia penal que se cometieron en ese periodo fueron: portación de arma de fuego, seguidos de los registrados como contra la salud; el robo de hidrocarburos y los delitos fiscales.

De los 31 mil 206 asuntos que ha conocido desde que inició sus operaciones el nuevo sistema de justicia hasta el 15 de junio de 2017, 15 mil 831 (50.7%) han sido causas penales.

Del total de casos vistos, 22 mil 888 personas fueron imputadas por los delitos a causa de los cuales se les llevó ante un juez.

De las causas penales ingresadas en el mismo periodo, 28.8% se concluyeron, 43.3% se mantienen en trámite, mientras que el resto fueron sobreseídas, entraron como acuerdos reparatorios, fueron detenciones ilegales o se declaró incompetencia en los casos.

El informe del consejo de la judicatura destaca que los delitos más frecuentes en las causas penales que finalizan por medio de solución alterna son portación de arma de fuego (82%), seguidos de los delitos contra la salud (96%).

“Una persona sentenciada por esta forma de terminación anticipada recibe, en promedio, una condena de 3 años y 2 meses de cárcel y en la mitad de los casos la pena pecuniaria es de 4 mil 575 pesos. Sin embargo, en el caso de robo de hidrocarburos, terminar el proceso implicó un pago de 730 mil 400 pesos”, señala.

Las cifras del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y de los Centros de Justicia Penal Federal indican que Zacatecas y Durango son los estados que tienen mayores causas finalizadas de esta forma, 42.8% y 38.9%, respectivamente.

Al definir el perfil de las 22 mil 888 personas acusadas en este periodo, se encontró que en su mayoría los hombres son los acusados por el delito de portación ilegal de armas y por violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con 56.6% de imputados, mientras que el porcentaje de las mujeres es 30%, siendo los delitos contra la salud, 33.7%, por el que ellas ingresan con mayor frecuencia,

El documento detalla que nueve de cada 10 imputados fueron hombres con una escolaridad equivalente a la secundaria terminada y entre los hombres acusados, uno de cada diez contaba con antecedentes penales. Además, 80% de los hombres y mujeres acusados tenían entre 18 y 44 años, es decir, se encuentran en edad productiva.

De las mujeres acusadas, 3.6% refirió pertenecer a algún grupo indígena, frente a 2.5% de los hombres.

Entre las penas que impusieron los jueces a quienes fueron procesados por los cuatro principales delitos está que 71% de los imputados realice trabajo de servicio social para la comunidad en la que viven o en instituciones de beneficiencia pública.

Piden replantear sanciones

El que personas que estuvieron en cárceles acusadas por la portación ilegal de armas salgan de manera rápida pagando sanciones muy bajas, representa un peligro para la sociedad, por lo que es necesario replantear las sanciones que actualmente se imponen, aseguraron especialistas.

Javier Oliva Posada, catedrático de la UNAM y experto en temas de seguridad nacional, consideró que las cifras en relación con el número de procesos por el delito de posesión ilegal de armas es reflejo del nivel de violencia que vive el país.

“La gran mayoría de las personas que están acusadas de este delito, de alguna forma están vinculadas al crimen organizado y a la ilegalidad, porque sólo en ese mercado pudieron adquirir esas armas que a su vez fueron introducidas de manera no legal al país. Es un grave error de esta nueva legislación aprobada imprudentemente por legisladores y jueces, quienes abren la posibilidad a una de las variables de la pendiente de violencia y destrucción que estamos viviendo en el país”, comentó.

El politólogo manifestó que con estas leyes y sanciones, lo único que se ha logrado es seguir fomentando “algo que yo he definido como ‘la pedagogía de la impunidad’ que es cuando se le enseña al delincuente o al ciudadano común que es posible violar la ley sin que haya sanciones graves o que la justicia tiene un precio, que en este caso son módicos 4 mil pesos por traer un fusil con el que puedes matar a policías, marinos militares o agredir a familiares inocentes en secuestros o extorsiones”.

Gerardo De la Cruz Tovar, académico de la Universidad Panamericana (UP) y especialista del Nuevo Sistema de Justicia Penal, consideró que debe reformarse la ley para impedir que los ciudadanos acusados por este delito salgan tan rápido y fácil de los centros de detención.

“Hace 10 años, estas penas eran más elevadas y prácticamente la sentencia por poseer una arma de uso exclusivo del Ejército, la pena era de entre cinco a 10 años de prisión y eso hacía que quedaran detenidos, porque no había beneficios para ellos. Sin embargo, operó una política criminal y, con la finalidad de no saturar las cárceles, bajaron las sanciones”, dijo.