Logran amparo contra el tren interurbano

bComuneros demuestran que la construcción invadió sus terrenos; acusan daño a tierras de cultivo de avena y mantos acuíferos
Los afectados por la construcción del tren interurbano México-Toluca demostraron a representantes de la SCT y la CFE que las obras rebasan los 34 metros de longitud pactados; en ningún caso la contraparte pudo fundamentar el uso de más terreno (JORGE ALV)
15/02/2018
01:00
Claudia González
Ocoyoacac, Méx.
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Los habitantes de San Jerónimo Acazulco, municipio de Ocoyoacac, demostraron las afectaciones que está generando la obra del tren interurbano México- Toluca a los cultivos de avena y mantos acuíferos. También comprobaron la invasión de sus propiedades al ampliar el derecho de vía a lo largo de cuatro kilómetros.

El lunes pasado marcharon más de 3 mil comuneros hacia la Ciudad de México para exigir la cancelación de esta obra en tramos donde no hubo pago de renta por la ocupación con maquinaria de sus terrenos, además pidieron cumplir con el compromiso de mantener elevada la construcción que, presumen, fue modificada a raz del suelo del kilómetro 34 al 41.

“El agua que abastece a nuestra comunidad, que llega a 7 mil habitantes, disminuyó significativamente con las obras que hicieron, el convenio que hicimos establece 34 metros de longitud para la construcción; sin embargo, ya demostramos que ahora abarcan 100 metros a lo largo de cuatro kilómetros”, reveló Marcelino Pascual Narváez, comisario ejidal y uno de los afectados.

Rechazó que exijan un pago por los daños, sino restablecer la superficie destruida, ya que no pueden continuar con el pastoreo ni la siembra.

Durante un recorrido que hicieron con ingenieros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), además de representantes de los gobiernos federal, estatal y municipal de Ocoyoacac, así como de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por el tramo que comprende el Pantano, el Venado I y II, Valle de la Loma, desde el kilómetro 34.6 al 37, hombres y mujeres de San Jerónimo Acazulco midieron los tramos y demostraron los daños por la expansión irregular en tramos que no fueron incluidos en los convenios de compra-venta, renta o expropiación.

Santiago Pérez Alvarado, representante legal de los comuneros de San Jerónimo, rechazó el comunicado que emitió la SCT el martes, acusando a los habitantes de pretender más dinero por sus tierras, además de aludir a la expropiación de las tierras y demandó a los representantes de las diversas instituciones gubernamentales el reconocimiento sobre el uso indebido de parcelas.

Sobre estos parajes el camino está por completo dañado, todos los puntos señalados por los inconformes fueron devastados por la maquinaria. Los vecinos acudieron con palos para ayudarse a caminar por la tierra suelta en un bosque prácticamente rasurado y terregoso, mismo que quemaron más tarde, al concluir con la visita, a manera de protesta.

En cada tramo donde las cintas medían 90, 30 o 100 metros de invasión cuestionaron a los ingenieros la razón de las modificaciones, pues en pocas ocasiones coincidieron las medidas con lo señalado en el convenio que las propias autoridades llevaban a la mano para fundamentar el uso legal de esos predios; sin embargo, en ningún caso pudieron justificar los motivos por los que incrementaron los metros empleados.

“¿Midieron mal?”, cuestionó Pérez Alvarado, aunque no hubo respuestas. Además, relataron que con esta construcción también dañaron seis valles, como se miden los parajes turísticos en La Marquesa, por lo que se perdieron 2 mil 500 empleos directos y hasta 10 mil indirectos.

Sobre los señalamientos de los comuneros la SCT no fijó postura.

El presidente de los bienes comunales de San Juan Coapanoaya, Pascual de la Rosa Gumercindo, informó que el Juzgado Segundo de Distrito en materia de Amparo resolvió a su favor un amparo para detener la construcción del tren a la altura del kilómetro 41, por lo que las autoridades deberán informar dentro del término de 24 horas el cumplimiento de la medida cautelar.

Ese amparo se suma a uno más que obtuvieron el año pasado por daños a las tierras, afectaciones a los mantos acuíferos y el cierre en varios negocios de La Marquesa.

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