Partidos en Asamblea chocan por ley hídrica

diana.fuentes@eluniversal.com.mx

La reciente aprobación del dictamen sobre la Ley de Sustentabilidad Hídrica de la Ciudad de México confronta a las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa.

Mientras diputados locales del PRD, PAN y Verde Ecologista de México aseguran que con esta ley no será privatizado el Sistema de Aguas los asambleístas de las bancadas de Morena, Nueva Alianza e independientes certifican lo contrario.

El perredista Iván Texta garantizó que hay un compromiso plasmado en la ley de otorgar el servicio de agua a todos aquellos que lo necesiten, como un derecho de los ciudadanos y no una obligación de pago.

La panista e impulsora de esta ley, Wendy González, negó que se pretenda privatizar al Sistema de Aguas y afirmó que, por el contrario, la gente sabrá qué calidad de agua está recibiendo en sus hogares, a través de su recibo de pago.

El viernes, el pleno de la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad la abrogación de la Ley de Aguas de la Ciudad de México y la creación de la Ley de Sustentabilidad Hídrica.

La diputada panista explicó que a través de esta ley, que está en manos del jefe de Gobierno para su promulgación, se combatirán las fugas donde hay pérdidas de entre 40% y 50% del agua, además de que se pondrá fin a que 25% de la población registrada en el Sistema de Aguas de la capital deje de pagar el servicio al dotarse de tomas que son clandestinas.

Al respecto, el líder de la bancada del Partido Verde Ecologista, Xavier López Adame, opinó que mediante esta ley pagarán más los que sí tienen y los que tienen poco deberán pagar lo justo que consuman.

No obstante, de acuerdo con el asambleísta, se prevé que en el caso de las personas de la tercera edad y pensionados no se podrá establecer tarifas adicionales, sino que se tendrá una tarifa preferencial.

Al cuestionarlo sobre si sólo por el hecho de catalogar una zona como residencial, algún adulto mayor o pensionado tiene que pagar más cuando ya no tiene un sustento económico, declaró que la ley prevé que en estos casos no se podrán establecer tarifas adicionales, se tendrá una tarifa preferencial pero esto tiene un límite.

“[El límite para la tarifa preferencia] es el costo de la propiedad, porque la persona que excede este nivel tiene varias opciones, no es la única para vivir. Creo que hay alternativas para esas personas, no es un asunto de vida o muerte”, expresó.

López Adame consideró que si este sector vive en una zona residencial y ya no puede estar en condiciones de pagar lo estipulado por el suministro de agua tiene opciones: “La posibilidad de vender esa casa e irse a otra menos onerosa, porque además la propiedad también cuesta o hipotecar su propiedad de forma inversa, así tiene un ingreso por la propiedad, por los años que le queden de vida.

Juan Gabriel Corchado, de la coalición de los partidos del Trabajo, Nueva Alianza y Humanista, aclaró que él se abstuvo de votar porque esta ley no resolverá el problema del agua en la Ciudad de México.

“El Partido Nueva Alianza no se sumó a esta ley porque no va a cambiar la falta del agua, sobre todo porque se crea un virreinato al Sistema de Aguas ,donde se le da potestad absoluta, sin intervención directa de los vecinos y esto es un grave error”, valoró el legislador aliancista.

Además, aclaró que no se trata de un asunto de rebeldía sino de una votación consciente de lo que quieren los ciudadanos.

“Me queda claro que la Ley de Sustentabilidad Hídrica no la van a querer, por eso de mi parte estoy tranquilo. No va a cambiar la circunstancia de falta de agua, sobre todo en zonas donde la escasez es un verdadero problema como Iztapalapa, Azcapotzalco y otras delegaciones”, sostuvo.

Por el partido de Morena, Aleida Alavez Ruiz argumentó que esta ley es un mecanismo previo a la privatización, de diseñar leyes a modo, con esquemas de inversión para endeudar a la Ciudad de México: “Va a suceder lo mismo que con Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Fertilizantes Mexicanos (Fertimex), paraestatales que terminaron en manos de consorcios particulares”.