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La delegación Miguel Hidalgo, que encabeza Xóchitl Gálvez, enfrenta 33 sentencias de juicios laborales, en su mayoría heredados de pasadas administraciones y por los cuales tiene que pagar, en total, 40 millones 220 mil pesos a los demandantes, pero la demarcación sólo tiene capacidad para liquidar 8 millones de pesos este año.

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) destituyera a Israel Moreno como titular en Venustiano Carranza derivado de un laudo, la jefa delegacional Xóchitl Gálvez advirtió que es necesaria una partida específica para pagar este tipo de asuntos y que el gobierno central debe generar espacios de negociación antes de llegar a la última instancia del proceso legal, pues al final los delegados son quienes sufren el costo más alto, como Moreno.

“Es una estupidez, porque la Consejería Jurídica te obliga a defenderte hasta la última instancia sabiendo que no vas a ganar; entonces llegaría un momento en que sería mejor sentarse a negociar con los demandantes, pero no hay ese tipo de negociación en el gobierno central, entonces te tienes que pelear”, dijo en entrevista.

Añadió que varios casos de antemano están perdidos porque las pruebas con las que se inicia un juicio prevalecen en todo el proceso y es difícil añadir otras, y en los hechos las delegaciones no reciben recursos de la Secretaría de Finanzas hasta que los casos llegan a la última instancia en la Corte.

La hidalguense comentó que en su administración ha pagado 24 millones 916 mil pesos para liquidar diversos juicios y en ellos se pudieron ahorrar 5.7 millones al negociar con los quejosos.

Hasta ahora, dijo, hay 33 sentencias que aún no llegan a la Corte, pero que podrían pasar, e implican desembolsar más de 40 millones de pesos, de los que no se dispone, y al cierre de 2017 esperan bajar a 32 millones, pues la demarcación va a redirigir 8 millones de pesos de diversos ahorros que tuvo su administración.

Gálvez dijo que apenas se cerraron casos del año 2000 y ahora los más antiguos son de 2006, pero afirmó que en Miguel Hidalgo “eran un escándalo” los laudos, pues señaló que anteriores delegados despedían trabajadores “a lo güey y se defendían muy mal”.

Incluso señaló que ella llegó a estar en la lista de la Corte para una posible destitución, debido a un laudo promovido por un ex trabajador de confianza, Juan Gabriel Álvarez, caso que el delegado anterior, Víctor Romo, pudo librar.

“[El ex delegado] Romo se la vivió pateando el bote, la libró muy bien, de hecho le tocó una orden de destitución y la lograron posponer; yo creo que a los ministros de la Corte todavía les temblaba la mano, pero conmigo ya no les tembló la mano y pagué de manera injusta a un empleado de confianza que había trabajado seis meses [en anteriores administraciones]”.

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