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Luego de responsabilizar a las delegaciones de no proporcionar información sobre manifestaciones de construcción, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) Felipe de Jesús Gutiérrez, defendió la creación de la iniciativa de la ley de reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México y aclaró que no se trata de beneficiar a las constructoras.

Esclareció que para apoyar a las viviendas en régimen de condominio o copropiedad se propone otorgar potencial constructivo de hasta 35%, 7 viviendas más, previo para financiar a los afectados y que, sin gastar un peso, recuperarían su patrimonio.

“Este mecanismo no sería aplicable para las edificaciones que tienen un solo dueño”, precisó.

Al comparecer ante el pleno de la Asamblea Legislativa por casi cuatro horas, luego de 42 días del sismo del 19 de septiembre, Gutiérrez justificó la caída de la plataforma de la Seduvi para la revisión de Directores Responsables de Obra y la zonificación de Uso de Suelo.

Negó que el problema fuera para encubrir información de las inmobiliarias y aseguró que “en la Seduvi no hay información de éstas.

Con tibios cuestionamientos, en donde las bancadas coincidieron en que es necesario mejorar la iniciativa de reconstrucción, el titular de la Seduvi refirió que los inmuebles afectados por el sismo, en cualquiera de los niveles de daño, representan 1% del total del número de edificaciones que existen en la capital.

Declaró que la mayoría de los edificios que colapsaron parcial o totalmente o tienen daños estructurales fueron edificados antes de 1985, bajo la normatividad anterior en materia de construcciones; sólo 6% de los inmuebles colapsados fueron construidos en años posteriores a 1987.

El funcionario detalló que las viviendas unifamiliares que resultaron con daño total, principalmente en edificaciones periféricas como Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan y Álvaro Obregón serán reconstruidas con cargo al Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Precisó que en otros casos se atenderá a los afectados con recursos del Fondo de Apoyo a Infraestructura Social o mediante las contribuciones de fundaciones altruistas.

“En todos los casos se reconocerán las características previas de las edificaciones colapsadas en términos de uso del suelo y aquello que acredite el respeto a la normatividad”, dijo.

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