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Para proteger a los elementos policíacos de la Ciudad de México ante amenazas por la delincuencia organizada, el Gobierno Capitalino publicó un protocolo que será coordinado a través de diferentes instancias de gobierno para investigar a este tipo de situaciones.

En el protocolo, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se propone la creación de una Mesa de Respuesta Inmediata para la protección personal de los uniformados cuando sean víctimas de cualquier amenaza con motivo del ejercicio de sus funciones.

Esta Mesa estará conformada por representantes de las secretarías de Gobierno, de Seguridad Pública, de la Contraloría General, de Desarrollo Social, de Finanzas, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la Procuraduría General de Justicia y del C5; cuya identidad será reservada por seguridad.

Las obligaciones de esta mesa serán las de recibir y analizar las amenazas y el nivel de riesgo que representa para los uniformados, además determinará las acciones de protección que sean necesarias para proteger su integridad sicofísica.

También asignará protección personal a través de elementos de seguridad que custodien de forma permanente la integridad sicofísica del policía y de los familiares que se considere se encuentren en riesgo, así como su patrimonio y trasladará a un espacio seguro para su integridad, con la máxima secrecía, a las personas que se considere requieren protección.

La persona servidora pública en riesgo será reasignada en otra área de trabajo, siempre con las debidas precauciones e inmediatamente se sugerirá que se le retire de la investigación que realiza o de la circunstancia que motivó la amenaza.

“Este comité iniciará las carpetas de investigación que correspondan y recomendará la práctica de actos de investigación como la solicitud de cateos, intervención de comunicaciones, aseguramientos y todos aquellos que permitan identificar a quienes probablemente intervinieron o participaron en la conducta delictiva que se investiga, adicionalmente sugerirá, cuando se estime pertinente, que se judicialice la carpeta de investigación relacionada con los hechos materia de la amenaza, para lograr las decisiones judiciales que permitan mitigar las condiciones que causaron las amenazas”, se lee en el documento que entrará en vigor este jueves.

Tras diversas investigaciones, también se instrumentarán operativos en la zona donde derivaron los hechos relativos a las amenazas de los policías con un número extenso de agentes de seguridad pública, para fortalecer las acciones de investigación, lo cual puede realizarse en coordinación o intervención de las autoridades federales para iniciar o determinar las carpetas de investigación causantes de las amenazas.

Además se solicitará el uso de las herramientas tecnológicas con las que se cuente para mitigar la amenaza y permitir la protección de las personas amenazadas.

La coordinación de este grupo estará a cargo de la persona que designe la persona titular de la Secretaría de Gobierno y en conjunto con los representantes de las demás instancias asignarán los recursos humanos, materiales o financieros que se requieran para el cumplimiento del objetivo de este instrumento.

Asimismo, la Mesa de Respuesta Inmediata observará las disposiciones en materia de protección de datos personales y transparencia, respecto a la información de carácter reservada y confidencial a que tenga acceso.

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