Una búsqueda de 10 años sin solución

Torreón, Coahuila

En 2009, un sacerdote de la Diócesis de Saltillo llegó con el obispo Raúl Vera para pedirle ayuda porque un hermano, que había venido del Estado de México con un grupo de 11 vendedores de pinturas, había desaparecido en Coahuila.

“Primero desapareció una camioneta de los compañeros, el hermano se comunicó, que estaban buscándolos. De buenas a primeras perdieron contacto con él. El padre nos pidió que si podíamos hacer algo por su hermano. Empezamos a darle seguimiento, pero dijimos ‘vamos a darle seguimiento a las otras personas que también venían’”, recuerda el obispo.

Raúl Vera asegura que nunca se imaginó la profundidad de lo que empezaban a enfrentar.

Así comenzaron las reuniones de lo que se convertiría en uno de los primeros colectivos de familias de desaparecidos en la historia reciente del país: Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec).

Entre las primeras familias estaba Lourdes Herrera, madre de Brando Esteban Acosta Herrera, esposa de Esteban Acosta Rodríguez y cuñada de Gerardo y Gualberto, todos desaparecidos el 29 de agosto de 2009 en Ramos Arizpe cuando se dirigían al aeropuerto a dejar a Gualberto.

Su hijo tenía 8 años cuando desapareció. Su esposo era jefe de seguridad y custodio del Cereso de Saltillo. Sus cuñados vivían en Estados Unidos y estaban de visita porque la mamá estaba enferma. “A las cuatro de la tarde me habló la esposa de Gualberto, que ya había llegado el vuelo, pero no encontraban a Gualberto. Hablé a Monterrey para pedir informes y me dijo la señorita que de los 82 pasajeros, sólo abordaron 81. Ahí sospeché”, dice Lourdes.

Los celulares mandaban a buzón y ella sólo pensaba si le iban a dar Chocomilk a su hijo a esas primeras horas, porque el pequeño siempre tomaba chocolate. “Esperaba que lo regresaran y pidieran rescate”, platica.

Lourdes inició su búsqueda en solitario. Fue a la PGR, con la Marina, la fiscalía, la Sexta Zona Militar, la policía municipal, a todo lo que se decía policía; acudía con la esperanza de que alguien hablara.

Para finales de septiembre e inicios de octubre de 2009, el párroco de su iglesia la mandó llamar. El sacerdote era hermano de uno de los pintores desaparecidos. “Hay más familias y tienen reuniones con el obispo, no sé si estés interesada”, le dijo. Lourdes estaba decepcionada de la justicia.

El anuncio

Blanca Martínez, directora del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios en Saltillo, recuerda que en todos los primeros casos se había presentado denuncia ante el Ministerio Público, pero no había nada en ningún expediente.

Le impactó la primera vez que se entrevistó con las familias, con las madres; le sorprendieron los ojos, la piel y el cabello seco, los ojos hinchadísimos, la postura encorvada, como compactadas. “De todas, por muy bravas y exigentes, en términos físicos, su expresión era de mucho dolor y como consumidas”, recuerda.

Las autoridades infundían miedo cuando alguna familia acudía a denunciar. “Todos venían llenos de un miedo terrible, lo primero que hacían era amenazarlas”, dice el obispo Raúl Vera.

El 17 de diciembre de 2009, un grupo de familias que en conjunto sumaban 21 desaparecidos, entre ellas Lourdes, se reunieron con funcionarios de Coahuila, entre quienes estaban el exgobernador Rubén Moreira (era diputado federal), el exfiscal Jesús Torres Charles y el exsecretario de Gobierno Armando Luna Canales. La demanda era la búsqueda y entrega de todos los desaparecidos y que se instalaran mesas de seguimiento con la entonces procuraduría.

Fue el 19 de diciembre de 2009 cuando las familias convocaron a rueda de prensa con medios locales para dar a conocer que en Coahuila se habían registrado 21 desaparecidos en el año.

Además de los cuatro familiares de Lourdes y los 12 vendedores de pinturas, estaban Antonio Verástegui González y su hijo Antonio, desaparecidos el 24 de enero en Parras cuando regresaba de un acto religioso, y tres vendedores de joyas (Agustín Núñez, Sergio Cárdenas y José Flores) desaparecidos en el municipio de Nava el 22 de abril.

“Todos estaban impactados. Todos sabían y hablaban de los levantones, pero empezamos a posicionar el concepto de desaparición”, relata Blanca.

Se había acordado otra reunión con los funcionarios, pero éstos llegaron con las manos vacías. En la siguiente el fiscal arguyó que no tenían la capacidad para enfrentarse a la delincuencia organizada y que sus casos por tal motivo eran de carácter federal.

Las familias se encontraron con el gobernador Humberto Moreira, quien los recibió meses después. Cuando tuvieron la reunión, el exmandatario y exlíder nacional del PRI intentó dividirlas mediante una estrategia similar a la que quiso ejecutar en la tragedia de la mina Pasta de Conchos: la implementación de padrinos.

“Daba un ‘padrino’ a cada familia para que resolviera los problemas de cada familia, como si fuera la mafia. Fue simulación”, recuerda Diana Iris García, madre de Daniel Cantú Iris, desaparecido el 21 de febrero de 2007, el caso de más años en Fuundec.

Los “padrinos” eran funcionarios que se encargaban supuestamente de atender a cada familia, con el objetivo de separarlas, de que se pelearan al ver que ayudaban más a una que a otra.

Con Humberto Moreira únicamente se reunieron dos veces. A 10 años, muchas familias han entendido que la solución no está en los gobernadores. “No sirven para nada, ni como gobernadores ni como personas. Se los digo de frente”, reclama Mireya Villarreal Salinas, madre de Luis Lauro y Jorge Arturo Cantú Villarreal, desaparecidos el 15 de junio de 2010.

Nada que festejar

Fue hasta el sexenio de Rubén Moreira cuando comenzó un nuevo diálogo y se crearon leyes en pro de las familias. “Decía a todo que sí, a todo, a todo. Decía que en sus primeros 100 días de su gobierno iba a dar resultados pero nada”, recuerda Delia García, madre de Edson Amadeo de la Rosa García, desaparecido el 9 de julio de 2009 en Torreón.

El objetivo principal, la localización de las personas desaparecidas, no se ha logrado. “Que cumpla 10 años el colectivo, no debería de ser”, dice María Elena Salazar, madre de Hugo Marcelino González Salazar, desaparecido el 20 de julio de 2009 en Torreón.

Hace 10 años, a Blanca Martínez le impactó cómo llegaban las familias. Ahora las mira cómo defienden su postura, cómo se paran a hablar con los funcionarios, cómo se han empoderado. “Por eso, parte de nuestro trabajo es de víctimas a sujetos de derechos, así veo a las señoras”, dice la defensora.

“Son unas hormiguitas, es un ejército del bien lo que tenemos en estas personas”, describe el obispo Vera, para quien los 10 años del colectivo significa que es posible luchar contra criminales.

Blanca explica que las familias decidieron llamarse “fuerzas unidas”, porque representa un autorreconocimiento de que todas tenían fuerza y con ella habían andado buscando. Por eso: Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, que después se incluyó Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, por la cantidad de ausentes en otros estados.