Toman acciones legales contra ex alcalde y ex tesorero de SLP

A Mario García Valdez y José de Jesús Bolaños se les imputa desvío de 103 millones de pesos del erario: ASF
11/11/2017
02:32
Redacción
San Luis Potosí.
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Por el desvío de recursos por casi 120 millones de pesos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) instruyó a la Contraloría Interna del ayuntamiento capitalino, promover acciones legales contra el ex alcalde Mario García Valdez, y el ex tesorero de San Luis Potosí, José de Jesús Bolaños Guangorena.

Al emitir el dictamen final de la auditoría, el ayuntamiento potosino fue notificado por la ASF para iniciar procedimientos de responsabilidad por el desvío de recursos por 103 millones de pesos, del Fondo para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones (Fortamundf).

También, Bolaños Guangorena es señalado por el desvío de 14 millones de pesos, por un subejercicio del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, según la información proporcionada por la alcaldía.

A estas acciones legales se suman las demandas emprendidas por el ayuntamiento ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la ahora Fiscalía General del Estado.

Entre las demandas presentadas por la autoridad municipal contra los ex servidores públicos está la del programa Conaculta, por el desvío de 5 millones pesos, así como por el pago injustificado a la empresa Intel-Trafico, por 25 millones de pesos, ambos casos ya turnados ante la PGR y FGE.

De acuerdo con el órgano fiscalizador, el ex alcalde no vigiló la recaudación de la hacienda municipal, “no cuido la inversión del Fortamundf 2015 ni que se haya realizado con estricto apego a las leyes correspondientes, ya que se movieron recursos”.

En este rubro, Bolaños Guangorena también es señalado por la misma irregularidad.

Tanto García Valdez como Bolaños ya fueron notificados de las acciones legales, pues el procedimiento administrativo ya concluyó y los ex funcionarios no solventaron las observaciones en el tiempo concedido.

La Presidencia Municipal también fue notificada y al contralor interno local se le ordenó promover el procedimiento administrativo de las responsabilidades que pudieran derivarse de los actos u omisiones cometidas por parte de los ex funcionarios.

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