Reta PT a que se investigue patrimonio de dirigentes

Alberto Anaya, dirigente nacional del partido, retó al gobierno federal a que investigue cuentas de todos los dirigentes de ese instituto político, para que comprueben que no han desviado recursos
Alberto Anaya y su esposa María Guadalupe Rodríguez, al centro, encabezaron marcha el pasado 2 de octubre por congelamiento de cuentas de los Cendis (Foto: Especial)
29/10/2017
16:57
David Carrizales / Corresponsal
Monterrey, Nuevo León
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El dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya Gutiérrez, retó al gobierno federal a que investigue cuentas y bienes de todos los dirigentes de ese instituto político, para que comprueben que no han desviado recursos destinados a los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis).

Anaya aseveró que a los dirigente del PT no les encontrarán propiedades en París o Nueva York, ni cuentas en Suiza o las Islas Caimán y a la vez expuso que ojalá los dirigentes de los demás partidos políticos y funcionarios del gobierno federal pudieran lanzar el mismo reto.

El líder peteísta ofreció una conferencia de prensa donde señaló que si los recursos destinados por el gobierno federal a los Cendis, la administración estatal los deposita en cuentas a nombre de su esposa María Guadalupe Rodríguez Martínez, directora general del proyecto educativo, y otras personas, es porque de ese modo evade su responsabilidad como patrón de los 700 trabajadores de dichos planteles, que trabajan bajo el esquema de contrato por honorarios, sin plaza, sin derecho de antigüedad, aguinaldo, seguridad social y demás prestaciones de ley.

No obstante dicha situación, agregó, hay una corresponsabilidad en la aplicación y administración de los recursos de parte del gobierno del estado junto con la directora general de los Cendis, facultada mediante el citado acuerdo administrativo, para manejar los recursos humanos, financieros y materiales, porque la administración de Jaime Rodríguez les transfiere los recursos que manda la Federación, y supervisan en primera instancia el uso que se hace de ellos.

Anaya Gutiérrez declaró que la persecución judicial y política basada en mentiras y pruebas falsas, “sólo refleja la molestia del gobierno federal porque el PT en uso de su libertad de asociación, resolvió ir en 2018 con Morena y Andrés Manuel López Obrador”, pues el 22 de octubre se ratificó esa decisión, y al día siguiente ejecutan la orden de aprehensión contra Héctor Quiroz, de Aguascalientes y se amenaza contra otras personas, “cuyo único delito es atender la educación”.

Anaya expuso, “nos da gusto que recurran a calumnias, mentiras, y falsedades, porque eso evidencia que no nos encuentran nada, ni propiedades en Paris, ni en Nueva York, ni tampoco tenemos recursos en las Islas Caimán o bien en Suiza, en esa perspectiva sí nos da gusto porque no tienen por dónde entrarle ni van a poder comprobarle algo ilícito a la dirigencia de nuestro partido”.

Más todavía, señaló: “Llamamos y retamos a que se investigue a toda la dirigencia nacional, donde van a poder comprobar que los únicos recursos que ellos tuvieron o tienen fue debido a su ejercicio de representación en las cámaras de diputados, regidores o en algunas alcaldías, recursos que fueron sus pagos por la actividad legislativa, algún cabildo o presidencia municipal”.

Ojalá los demás dirigentes de los otros partidos e importantes funcionarios de gobierno, pudieran hacer ese reto, asentó Alberto Anaya.

Reiteró que “esta campaña de lodo busca solamente desviar la atención en relación al caso de corrupción en que se hayan involucrados altos funcionarios del gobierno federal por los sobornos para apoyar sus campañas políticas entregados por la empresa Odebrecht”.

Buscan desesperadamente construir una cortina de humo, y están cesando de una manera grosera y torpe sin cubrir las formas al fiscal de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, porque tuvo el atrevimiento de decir la verdad, porque documentó e inicio la investigación contra Emilio Lozoya, que fue el conducto para recibir los recursos de Odebrecht para las campañas del PRI en 2012, expresó el dirigente del PT.

Pero además, puntualizó Anaya volviendo al caso de los Cendis, cuando se pretende castigar un uso indebido de recursos públicos, primero tiene que agotarse el proceso en relación al derecho administrativo, que es donde debe iniciarse la revisión.

“Existen por parte del Congreso de la Unión y la Legislatura del Estado, mecanismos de revisión de la cuenta pública; debió iniciarse la investigación a través de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, o por parte de la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Educación del Estado, o bien mediante un convenio entre la ASF y la Auditoría Superior del Estado”, detalló.

Y una vez agotado el trámite administrativo, haciendo las observaciones correspondientes, se tendría que dar un plazo legal para que las observaciones fueran subsanadas, y si vieran en dicho punto que hay una desviación de recursos, entonces proceder a dar cuenta de dichas irregularidades a la Procuraduría General de la República o a la Procuraduría de Justicia del Estado.

Entonces por qué razón, según documento oficial de la PGR, nos acusan de lavado de dinero, y todavía más infantil, que nosotros junto con Gobierno del Estado, vía la atención educativa de los Cendis, financiamos actividades de terrorismo, preguntó Anaya.

“Porque por esa vía te meten en una categoría donde te violentan tus garantías individuales, tus derechos humanos, te violentan el derecho de audiencia y la presunción de inocencia; en Europa, Canadá o Estados Unidos, estas acusaciones moverían a risa y el que debería estar procesado sería el gobierno federal”, aseveró.

Su equipo de prensa entregó copia de la denuncia Volante: 38922, de fecha 10/08/2017, presentada ante la Subprocuaduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), por Angel Salvador Vargas Mitre, funcionario de la Secretaría de Hacienda.

La denuncia va dirigida en contra de María Guadalupe Rodríguez Martínez, y/o en contra de quienes resulten responsables, mencionando además al propio Alberto Anaya Gutiérrez, líder nacional del PT, Laura Elena Guerra Martínez, María Mayda Paredes Díaz, Laura Elena Guerra Martínez (sic), Héctor Quiroz García, y Carlos Hugo Castañeda, “por el delito de operaciones de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo”.

Luego de señalar que recurrirán ante la CNDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque quizás la justicia mexicana les concederá la razón hasta que pasen los comicios del primero de julio de 2018, comentó Anaya que el PRI está desesperado, recurriendo a este juego sucio, porque están en tercer lugar en las encuestas y “el gobierno federal hoy tiene menos apoyo que Porfirio Díaz”.

Lamentó que lo que no es delito en México lo es en Estados Unidos y en Europa, porque aquí los gobernantes comprando voluntades o abusando de su mayoría legislativa, logran la aprobación de sus cuentas públicas, y es en Estados Unidos, donde son detenidos funcionarios de todos los niveles y hasta gobernadores, acusados de lavado de dinero público, porque no pueden demostrar el origen lícito de sus recursos, y muchas cantidades y bienes son congelados.

Igualmente reprochó que no se investigue la documentada operación de lavado de dinero por más de tres mil millones de pesos, en la que se vieron involucradas varias universidades públicas.

afcl

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