Piden sancionar con 170 mdp a ex gobernador de Colima y 13 de sus funcionarios

Para el ex mandatario Mario Anguiano Moreno se propuso una sanción económica por 38 millones 570 mil 170 pesos y una inhabilitación de 14 años para ejercer cargos públicos
Foto: Archivo/EL UNIVERSAL
24/10/2017
23:43
Raúl Torres / Corresponsal
Colima
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Después de revisar las cuentas públicas de 2013, 2014 y 2015 (hasta el 31 de agosto), todas correspondientes a la administración del ex gobernador Mario Anguiano, el Congreso de Colima propuso sancionar con 170 millones de pesos al ex mandatario y a 13 funcionarios más que habrían desviado Mil 800 millones de pesos.

En su dictamen, aprobado en votación unánime, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los recursos públicos propuso sanciones económicas resarcitorias directas por un monto de 170 millones 436 mil 609 pesos a 13 ex funcionarios de la pasada administración estatal.

Turnado a la Comisión de Responsabilidades que desahogará los procedimientos de presunta responsabilidad identificada para cada uno de los presuntos responsables, el dictamen aprobado también propone sanciones económicas resarcitorias solidarias por 79 millones 21 mil 182 pesos para nueve personas morales que fueron proveedoras de productos y servicios en el periodo que comprendió la Revisión
Excepcional.

La Revisión de Situación Excepcional se realizó a petición de los entonces diputados de la 57 Legislatura. La solicitud hecha en septiembre de 2015 por los entonces legisladores al Osafig, fue la de una Revisión de Situación Excepcional al Poder
Ejecutivo del Estado de Colima respecto a presuntos desvíos de fondos del Presupuesto de Egresos del Estado para los ejercicios fiscales 2013, 2014 y al 31 de agosto de 2015 a fines distintos a los de su aprobación y presunta simulación de reintegros a fondos federales de los ejercicios fiscales 2014, 2013 y anteriores.

PROPUESTAS DE SANCIÓN

Para el ex Gobernador Mario Anguiano Moreno se aprobó proponer una sanción económica resarcitoria directa por 38 millones 570 mil 170 pesos y una inhabilitación de 14 años para ejercer cargos públicos. Estas propuestas de sanción son por la presunta falta de registro contable a una donación que hizo PEMEX al Gobierno del Estado de 3 mil 400 toneladas de asfalto, 130 mil 200 litros de gasolina magna y 118 mil litros de diesel, en las que presumiblemente se omitió un procedimiento eficaz y transparente para designar las empresas que custodiaron el combustible, además de la falta de control para verificar que sí se hubieran aplicado los combustibles en vehículos del Gobierno del Estado.

También para el ex gobernador la Legislatura propuso una sanción económica resarcitoria subsidiaria por 6 millones 578 mil 515 pesos, pues el Informe del Osafig considera  que omitió vigilar la comprobación de gastos de un fondo revolvente asignado a Carlos Alberto Ceballos Radillo y Carmen Yolanda Núñez Sosa, su ex secretario Privado y la ex administradora en la Coordinación General Administrativa.

Por esa observación no solventada, el Congreso  del Estado propuso sancionar directamente con 4 millones 066 mil 401 pesos a Ceballos Radillo y con 2 millones 733 mil 963 pesos a Núñez Sosa para resarcir el daño, además de una propuesta de inhabilitación por 4 años para desempeñar empleos en el servicio público para el primero y de tres años para la segunda.

Para Anguiano Moreno se propuso también una sanción de inhabilitación por 9 años para ejercer cargos públicos, pues en 2013 y 2014 el Osafig acreditó que el Poder Ejecutivo del Estado erogó en nómina de la burocracia estatal mil 867 millones 696 mil 154 pesos de más a los autorizados en el Presupuesto de Egresos.

Por esa observación que para al ex gobernador se proponen 9 años de inhabilitación, el Congreso propuso sancionar a Jesús Orozco Alfaro, ex secretario de Finanzas y Administración con tres años de inhabilitación, debido a que él ejerció ese cargo de enero a septiembre del año 2013.

Esa misma sanción fue propuesta para Clemente Mendoza Ramírez, secretario de Finanzas y Administración de septiembre de 2013 a septiembre de 2014, y para Blanca Isabel Ávalos Fernández, quien ocupó ese cargo de septiembre de 2014 a noviembre de 2015.

Por esa misma observación, a los ex directores de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Administración, Rogelio Valencia Sánchez, de enero de 2013 al 12 de octubre de 2013; Ignacio Castro Osobampo, del 13 de octubre de 2013 a octubre de 2014, y Gabriel Valdovinos Vázquez, de octubre de 2014 a enero de 2015, se aprobó una propuesta de inhabilitación de un año para ejercer cargos públicos.

Para Jorge Anguiano Olmos, ex director de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas y Administración de enero de 2013 a julio de 2015, se propuso una inhabilitación de 3 años, por la observación del déficit en la nómina detectado en los años 2013 y 2014.

Mientras que para Xani Citlali Mata Valdez, exdirectora de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración del 16 de octubre de 2013 a diciembre de 2014, se propuso una inhabilitación de 1 año para el desempeño de empleos en el servicio público estatal  y a Eduardo Camarena Berra, ex director de Contabilidad de esa Secretaría se aprobó proponer una amonestación pública.

También para Orozco Alfaro el Congreso propuso dos sanciones económicas resarcitorias directas, una por un millón 096 mil pesos y otra por 389
mil pesos.

La primera propuesta de sanción económica resarcitoria directa es por contratar cursos de capacitación del Programa Subsemun 2013, sin exhibir evidencia de la prestación del servicio, y la segunda por autorizar el pago del arrendamiento de un inmueble propiedad de Rebeca Alexandra Herrera del primero de septiembre de 2012 al 30 de agosto de 2013, el cual fue utilizado por la empresa publicitaria “PUBLIPAN”.

Por la misma observación se propuso una sanción económica resarcitoria directa por 194 mil 880 pesos al ex secretario de Finanzas y Administración Clemente Mendoza, monto del arrendamiento pagado del primero de enero al 31 de diciembre de 2014.

También para Celemente Mendoza y para Juan José Alcaraz Robles, ex director del Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, se propusieron a cada uno una sanción económica resarcitoria directa por 42 millones 753 mil 893 pesos, esto porque el Osafig detectó que los exfuncioinarios gestionaron y autorizaron pagos por un servicio para habilitar 317 espacios públicos con internet mediante la red WiMax y conectar 33 centros de salud con internet, sin existir evidencia de los trabajos efectuados por parte del proveedor.

El Congreso del Estado propuso para Rafael Gutiérrez Villalobos, ex secretario de Fomento Económico y exsecretario General de Gobierno, una sanción de inhabilitación por 3 años y una sanción económica subsidiaria por 7 millones 406 mil 798 pesos, por no abstenerse de participar con tres empresas expendedoras de gasolina con las que tiene relación familiar en primer grado, en  la custodia de las donaciones de gasolina y diesel efectuadas por PEMEX y por no acreditar que el
combustible se haya aplicado en vehículos del Gobierno del Estado.

Con relación a esa observación, para  Carlos Arias Guillén, ex director General de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano, se propuso una inhabilitación de tres años para ejercer cargos públicos, pues el ex funcionario habría comprobado a PEMEX que el combustible donado fue utilizado en vehículos del Gobierno del Estado, aunque OSAFIG constató que el combustible suministrado a la flotilla vehicular no fue el recibido en donación, sino que fue pagado con recursos del
presupuesto estatal.

Para Gustavo Allen Ursúa Calvario, ex secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el Congreso del Estado propuso una sanción económica resarcitoria directa por 32 millones 433 mil 134 pesos. De acuerdo al Informe del Osafig, Ursúa Calvario habría autorizado pagos para la contratación de cursos, para la instalación de equipos en los sitios de la Red Estatal de Telecomunicaciones, para la  actualización de 15 cámaras de video seguridad en el Estado de Colima y 2 nuevas posiciones para Villa de Álvarez y para equipo de cómputo y video del
Programa Nacional de Prevención del Delito, sin exhibir evidencia que
acredite haber aplicado los recursos en los fines a que estaban
contratados.

Presumiblemente se habría cometido esa misma irregularidad en la adquisición de 2 conmutadores para el Centro Estatal de Seguridad y Emergencias de Colima y Manzanillo, en el sistema de videovigilancia del Reclusorio de Prevención de Tecomán, en actividades deportivas para jóvenes de Colima, Tecomán y Manzanillo, en un servicio de atención a consumidores problemáticos y sus familias de Colima, Tecomán y Manzanillo, en el mantenimiento tipo platino a la infraestructura de la
Red Estatal de Telecomunicaciones TETRAPOL y en un sistema de videovigilancia de circuito cerrado para el Centro de Reinserción Social de Colima.

El Congreso del Estado propuso para Rigoberto Salazar Velasco, ex secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, una sanción económica resarcitoria directa por un millón 80 mil pesos, por autorizar el pago de mil 600 paquetes de gallinas ponedoras, sin existir evidencia de la recepción de los bienes y su entrega a los beneficiarios.

Para José Santos Juárez, ex director general de Administración y Abastecimientos y para Adriana Julieta Aguirre Pérez, ex directora de Adquisiciones, la Legislatura propuso para cada uno sanción  económica resarcitoria directa por un millón 096 mil pesos, por autorizar la contratación y omitir los documentos necesarios de un curso de capacitación bajo los programas de  SUBSEMUN 2013, del cual no se presentó evidencia que acredite el buen manejo de los recursos  del programa.

Las sanciones económicas resarcitorias directas propuestas por el Congreso del Estado para el ex coordinador General de Comunicación Social, René González Chávez, son dos, una por 691 mil 801 pesos y otra por 903 mil 498 pesos, ambas por presumiblemente autorizar el trámite de pago de diversas adquisiciones de  servicios de publicidad a favor Karewi Viridiana Flores Eusebio, de las cuales no se habría acreditado su efectiva prestación.

Por su parte, para José Fernando Morán Rodríguez, ex secretario de Desarrollo Urbano, el Congreso del Estado propuso una sanción económica resarcitoria directa por 439 mil 511 pesos.

Según el Informe de auditoría excepcional del Osafig, Morán Rodríguez habría gestionado y autorizado el trámite de pago por concepto de suministro e instalación de bastidores y 19 poleas en 137 espacios WIMAX a favor de Karewi Viridiana Flores Eusebio, de las cuales no se acreditó su real y efectiva prestación por parte de dicha persona.

Para el ex secretario de Turismo, Héctor Faustino Sandoval Fierros, se propuso una sanción  económica resarcitoria directa de 137 mil 705 pesos, por gestionar y autorizar trámite de pago de unos folletos para promoción turística de Manzanillo, Comala, Colima, Tecomán y Armería a favor de Karewi Viridiana Flores, de las cuales no se acreditó la prestación por parte de dicha persona.

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