Panamá aplica a Roberto Borge tortura sicológica, dice su defensa

Niegan al ex gobernador acceso a un médico para atender sus males renales, dice su abogado Carlos Carrillo
Arresto. Roberto Borge fue detenido el 4 de junio en Panamá, a solicitud de México, por lavado de dinero (ESPECIAL)
26/09/2017
01:32
José Meléndez / corresponsal
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El equipo de la defensa legal de Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, acusó ayer al gobierno de Panamá ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia de violar los derechos humanos de su cliente y aplicarle tortura sicológica por negarle acceso a un médico especializado que le atienda sus problemas renales crónicos.

El abogado panameño Carlos Carrillo, defensor de Borge, informó a EL UNIVERSAL que fue hasta la mañana de ayer cuando finalmente pudo entrevistarse con su defendido, a quien dejó de ver desde la noche del pasado jueves, tras una audiencia judicial.

Agregó que al día siguiente se le impidió hacerle una visita en la prisión policial capitalina en la que está recluido, en medio de alertas de fuga.

“Producto de la violación de los derechos humanos de Borge y la tortura sicológica a la cual ha sido sometido a partir del miércoles de la semana pasada, y la violación a sus garantías constitucionales y legales, estamos presentando las denuncias por las violaciones correspondientes ante el pleno de la Corte”, explicó Carrillo. Se trata de un “habeas corpus correctivo” por la situación de encarcelamiento, aclaró.

“Él está fuerte, pero está siendo tratado en condiciones que a nuestro juicio violan sus derechos humanos y hasta la fecha no ha podido ser visto por un especialista. El viernes tuvo un síntoma crónico de una situación renal que él sufre y hasta ayer no lo habían atendido”, recalcó.

La cancillería panameña replicó: “Panamá está manejando el caso en estricto apego a los convenios internacionales y respetando los derechos humanos”. La Policía Nacional se abstuvo de responder las consultas de este diario.

Borge fue detenido el 4 de junio en Panamá a solicitud mexicana por los delitos de lavado de dinero, aprovechamiento ilícito del poder, peculado y desempeño irregular de función pública.

La semana pasada, por advertencia gubernamental de riesgo de fuga, se le transfirió a una celda de la Policía Nacional en Ancón, al oeste capitalino, tras estar desde el 9 de junio en El Renacer.

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