Villahermosa.— El Congreso local ordenó al Órgano Superior de Fiscalización (OSFE) que inicie una auditoria especial al Sistema Integral de la Familia (DIF), organismo que en 2018 tuvo un presupuesto de 984 millones 215 mil 430 pesos y que fueron manejados por Martha Lilia López Aguilera, esposa del exgobernador perredista Arturo Núñez Jiménez.
Desde que el OSFE entregó la cuenta pública del Poder Ejecutivo a los diputados locales, el pasado 30 de agosto, y su titular, Alejandro Álvarez González, dio a conocer que no se había incluido al DIF en la muestra revisada, la bancada del PRI levantó la voz y exigió que fueran analizados los recursos ejercidos por López Aguilera.
La legisladora Katia Ornelas Gil (PRI) afirmó que en el gobierno de Núñez Jiménez se hicieron reformas locales para darle a su esposa la facultad de manejar recursos públicos y, por lo tanto, tiene responsabilidades y obligaciones para ser auditada su administración.
“Todo son responsables y si no fue incluida en la muestra a revisar se debe solicitar una auditoria especial”, refirió Ornelas Gil.
Por su parte, la presidenta de la Primera Comisión Inspectora de Hacienda, Juana María Esther Álvarez Hernández, había advertido que si no estaba incluido el DIF estatal en la cuenta pública revisada por el órgano se le ordenaría bajo un acuerdo que revisara cada peso ejercido. Fue así como ayer los integrantes de este grupo de trabajo votaron la petición y ordenaron una investigación.
“La auditoría especial a DIF debe iniciarse lo antes posible para que los resultados que arroje sean incluidos en la calificación de la cuenta pública 2018 del Ejecutivo. El OSFE deberá realizar un trabajo puntual de revisión a los recursos estatales que manejó el DIF, trataremos [que el trabajo del OSFE] sea lo más inmediato”.
El diputado de Morena, Daniel Cubero, dijo que para evitar la duplicidad el OSFE no auditó al DIF, porque ya lo esta haciendo la ASF, pero afirmó que para garantizar una mayor transparencia de los recursos se tiene que revisar más a fondo.
El 9 de septiembre de 2013, el Congreso del estado aprobó una reforma a la ley de este organismo en la que se otorgaron más facultades a la presidenta del Consejo Consultivo y de la Junta de Gobierno, que en este caso era Martha Lilia López Aguilera, quien con la modificación pudo gestionar donativos ante entidades paraestatales y otros órganos o dependencias del orden federal, así como el manejo total del presupuesto para la operatividad de programas sociales.
Tal fue la inconformidad que al final del año pasado, trabajadores del sector salud retuvieron la unidad donde viajaba López Aguilera. Tuvo que ser rescatada por elementos de Seguridad Pública estatal.