Torreón.— El obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera López, denunció ante Guillermo García Haro, procurador federal de Protección al Ambiente (Profepa), el confinamiento tóxico de General Cepeda por presuntos daños ecológicos al ambiente y recursos naturales.

En la denuncia, interpuesta el pasado 13 de abril, acusa de acciones u omisiones que está desarrollando supuestamente el confinamiento de desechos peligrosos Sociedad Ecológica Mexicana del Norte S.A. de C.V (SEMSA), en el ejido Noria de Sabina.

En la denuncia, Raúl Vera sospecha de que no están dando tratamiento y confinando responsablemente los desechos peligrosos que reciben. Lo anterior, añade, se da “al percatarme de fuertes olores en la región, que se dan en diferentes momentos del día, mismos que aumentaron exponencialmente ante una inundación producto de fuertes lluvias, y por los constantes incendios que se han dado con fuertes emisiones y olores en la zona”.

La denuncia recae en residuos peligrosos como la generación, tratamiento, transportación, disposición final, residuos biológico infecciosos, reactivos, corrosivos, inflamables; emisiones a la atmósfera de gases, humos y partículas de industrias, química, petroquímica, de pinturas y tintas, de celulosa y papel, metalúrgica, asbesto, cementera, calera, manejo de sustancias peligrosas; contaminación de suelos, descarga de aguas residuales a cuerpos de aguas nacionales; o lo que resulte.

El obispo señala que han identificado incendios por las altas llamas en al menos cuatro fechas distintas y que una inundación se presentó el 27 de septiembre de 2017.

En la denuncia también expone antecedentes como una denuncia de pobladores de ejidos aledaños que hicieron ante la delegación de la Profepa por presunta contaminación de su territorio, misma que no ha trascendido porque la delegación asegura que todo está bien.

José Luis García, activista y representante del colectivo “Sí a la vida”, respaldó la denuncia del obispo Vera y refirió que ellos han ganado juicios de nulidad y suspensión, pero las autoridades jamás ejecutaron la sentencia del juez.

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