El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) declaró instalado el proceso electoral en Chiapas, rumbo a los comicios de 2018, donde los ciudadanos votarán para elegir al gobernador, 40 diputados locales y miembros de los ayuntamientos en 123 municipios.

Las elecciones en la entidad tendrán un capítulo inédito, porque los candidatos y partidos políticos contenderán sin financiamiento público para las campañas, luego de que la Legislatura local determinara suprimir los recursos para aplicarlos a los trabajos de reconstrucción por los daños causados tras el terremoto de 8.2 grados Richter.

La información oficial precisa que el movimiento telúrico, del 7 de septiembre, azotó 97 municipios de Chiapas y dejó a cerca de 35 mil 20 familias afectadas.

Al encabezar la sesión extraordinaria, que se celebró en la biblioteca central de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), debido a los daños sísmicos que presentan las instalaciones del órgano electoral estatal, el consejero presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, destacó que en los comicios de 2018 se tendrá la mayor movilización ciudadana en Chiapas, porque podrán votar más de 3.4 millones de electores, y se seleccionará a unos 58 mil 500 funcionarios de casillas para vigilar la contienda.

De éstos, alrededor de 39 mil instalarán, el 1 julio, más de 6 mil mesas directivas de casillas, en donde recibirán y contarán los sufragios.

La elección del 1 de julio del año próximo “será la más grande de nuestra historia, por tres razones fundamentales: por la cantidad de electores, por el número de cargos en disputa y por la inédita concurrencia de elecciones locales con las federales”, sostuvo el consejero presidente.

El día de los comicios se renovarán mil 978 cargos locales, “será la disputa por el poder más grande” en Chiapas, destacó el titular del IEPC.

El responsable del órgano electoral exhortó a conducirse con mesura y a evitar “el juego sucio” que pudiera afectar la equidad de las elecciones y potencialmente generar un clima de confrontación y desconfianza, “que poco abona a la celebración de una contienda electoral pacífica el próximo año”.

Asimismo, pidió a los gobiernos federal y locales garantizar la debida gobernabilidad y el Estado de derecho para desarrollar las elecciones, y abstenerse de incidir “indebidamente en la política y de usar los recursos, que son de todos, con fines electorales”.

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