En red de corrupción de Roberto Borge, 17 ex funcionarios

Entre ellos, ex secretarios de Gobierno, de Finanzas y Transporte; solicitan orden de aprehensión del ex candidato Mauricio Góngora
Foto: Archivo
15/08/2017
02:23
Adriana Varillas / corresponsal
Cancún
-A +A

[email protected]

El 18 de agosto de 2016, EL UNIVERSAL dio a conocer que el entonces gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, habría encabezado el remate territorial de la entidad, a través del Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado (IPAE), para presuntamente favorecer a familiares, amigos y políticos afines a su círculo de poder, conforme a una extensa investigación realizada por la asociación Somos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo.

La fundadora de la asociación, Fabiola Cortés Miranda, habría documentado la existencia de 44 predios en Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum y Cozumel, que fueron desincorporados del patrimonio público estatal para rematarse a precios menores a su costo real, lo que se había calculado, en un primer momento, en mil 99 millones 492 mil 370 pesos.

El ex gobernador se encuentra detenido en Panamá desde el pasado 4 de junio en espera de ser extraditado a México por estas acciones, que deribaron en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública.

El RBA Team. Hasta ahora 17 ex funcionarios que formaron parte del gobierno de Borge se defienden legalmente con lo que pueden para librar las acusaciones.

Entre los ex funcionarios que integraron el equipo más cercano del ex mandatario y sobre quienes pesan ya órdenes de aprehensión figuran la ex titular del Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado (IPAE), Claudia Romanillos Villanueva, acusada de autorizar la enajenación de predios públicos a precios subvaluados. Romanillos interpuso un amparo para evitar ser detenida y logró una suspensión provisional por parte de un juez de Distrito y se ignora su paradero.

En ese mismo bloque aparece la ex coordinadora jurídica del IPAE, Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, cuya orden de aprehensión se giró junto con la de Borge y Romanillos e incluye a María de Lourdes Pinelo Nieto, ex secretaria de Roberto Borge (padre del ex mandatario) y a César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia y socio de la naviera Barcos Caribe, y de la inmobiliaria Caracol 65.

Otros ex funcionarios con orden de aprehensión son Paulina García Achach, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), quien fue detenida y libró la prisión pagando una fianza; y su antecesor, Mauricio Rodríguez Marrufo, quien se encuentra preso en el Cereso de Chetumal acusado de desempeño irregular de funciones.

En el llamado RBA Team —como Borge bautizó a su círculo más cercano de colaboradores— figuran también el entonces titular de la Secretaría de Finanzas Públicas y Planeación (Sefiplan), Juan Pablo Guillermo Molina, quien enfrenta una solicitud de juicio político ante el Congreso local, por el presunto manejo irregular de recursos para la promoción turística y quien tiene encima varias denuncias penales, una de ellas relacionada con el desvío millonario por privatizar el servicio de agua potable.

Como parte de las investigaciones en torno a contratos, pagos y renta de servicios aéreos, ligados a la paraestatal de transporte aéreo, VIP Saesa, la Fiscalía General solicitó a los juzgados de Control órdenes de aprehensión en contra del propio Borge, de Guillermo Molina y del también ex secretario de Finanzas, Mauricio Góngora, quien contendió por la gubernatura por el PRI-PVEM, el año pasado.

En esas mismas indagatorias figuran los ex secretarios de Gobierno, Román Quian Alcocer, Luis Alberto González Flores y Gabriel Mendicuti Loría, y el ex director de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (APIQROO), Ercé Barrón.

También aparecen Mario Castro Basto y Fernando Escamilla, ex secre tarios de Infraestructura y Transporte (Sintra); el ex secretario de la Gestión Pública, Gonzalo Herrera, y Víctor Hugo Loyola Corona, procurador fiscal de Sefiplan.

A Fernando Escamilla además se le imputa, en una investigación paralela, la presunta simulación de renta de maquinaria para obra pública. De ese bloque de órdenes de aprehensión sólo se ha cumplimentado —el 5 de junio— la girada contra Carlos Acosta Gutiérrez, ex director de VIP Saesa, detenido en Chetumal y actualmente preso en la cárcel de la capital del estado.

La lista de implicados y presuntos cómplices de Borge, como el número de delitos que les son imputados, podría crecer, debido a que falta la revisión de las auditorías 2015 y 2016 que serán enviadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Artículo

17 public servants involved in Borge case

Among them, several former Secretaries of the State and a former Secretary of Finance
17 public servants involved in Borge case17 public servants involved in Borge case

INFORMACIÓN RELACIONADA

Mantente al día con el boletín de El Universal

 

COMENTARIOS