Directivos de Uber se manifiestan contra Ley de Movilidad en Cancún

Directivos de Uber

se manifestaron hoy afuera de la sede del Congreso de Quintana Roo , en Chetumal , capital del estado, para exigir el freno a las reformas planteadas a la Ley de Movilidad, cuya discusión inicia mañana para pedir que las plataformas digitales sean consideradas transporte público y se les exige tramitar una concesión, lo cual es rechazado por la empresa.

En paralelo, en Cancún, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dirigió una carta a las y los legisladores, así como al gobernador del estado, Carlos Joaquín, mediante la cual le hacen saber que las modificaciones planteadas constituyen “una violación a los principios constitucionales de libertad de empresa”.

“Con independencia de que la Ley de Movilidad está siendo cuestionada por la afectación que ocasionará a las diferentes empresas y servicios de transporte, además que invade atribuciones de los municipios, nos sorprende que la propuesta de reforma se base en la presión que está ejerciendo un sector específico de transporte en el estado, sin considerar la opinión de otros actores igualmente importantes”, se lee en la carta, en donde el organismo expone su “energico rechazo” a las reformas.

Este lunes, el director general de Uber en México, Federico Ranero , se manifestó fuera del Congreso, de cara a la sesión que sostendrá la 15 Legislatura mañana, para iniciar la discusión sobre la re-clasificación del servicio de transporte entre particulares.

La modificación implica que se considere a las plataformas digitales, como transporte público, lo que a decir del ejecutivo afectaría las ganancias de cinco mil familias quintanarroenses, el derecho a elegir de 130 mil personas en Cancún y la posibilidad de que miles de turistas accedan al servicio, limitando “drásticamente” la operación de Uber en el estado.

“Quintana Roo y sus visitantes merecen una oferta diversificada de servicios, incluyendo transporte seguro, eficiente y accesible. El gobernador, Carlos Joaquín González, al apoyar una reforma que limita la entrada a las ERT, frena el desarrollo económico del estado y se pierde la oportunidad de continuar avanzando y escuchar la voz de miles de quintanarroenses en beneficio del auto empleo y el derecho de elegir”, afirmó.

Ranero explicó que exigir a las plataformas digitales el modelo de concesiones les pone una barrera, ya que la mayoría de los socios conductores registrados en Uber valoran principalmente la flexibilidad que la plataforma ofrece; más del 80 por ciento de ellos lo ve como un complemento a su ingreso, pues prestan sus servicios menos de 40 horas a la semana.

“Un esquema de concesiones para socios conductores atenta contra la flexibilidad que la tecnología permite y crea nuevas barreras de entrada para los interesados en un autoempleo al burocratizar la entrada de socios-conductores al mercado”, sostuvo, al reiterar que prosperar la modificación a la Ley de Movilidad, no repondrán el servicio de Uber, suspendido desde diciembre pasado.

Detalló que el esquema de concesiones es perjudicial para los usuarios pues no habría suficientes autos para empatar la demanda, lo que incrementa los tiempos de espera y eleva las tarifas. Es decir, obligaría a los usuarios a acudir a los servicios de transporte públicos tradicionales y aceptar tarifas desproporcionadas.

Afecta a los socios conductores pues podrían hacerles imposible su ingreso al mercado.

“Las concesiones públicas fomentan la burocracia e ineficiencia administrativa, incrementan costos e, históricamente en el país, dan pie a la creación de mercados negros o secundarios, como es el caso del taxi tradicional”, señaló.

Añadió que se suprime la competencia y la oferta para los quintanarroenses, ya que las medidas que está por discutir el Congreso, están hechas para no permitir la entrada de otros actores de la movilidad en el transporte de pasajeros.

“Reiteramos que en Uber estamos a favor de ser regulados. Por lo que hemos trabajado mano a mano con múltiples gobiernos en México y el mundo, logrando más de 100 regulaciones de movilidad que benefician directamente a los ciudadanos y a las ciudades.

“Lamentablemente, las autoridades de Quintana Roo parecen no querer estar a la altura de las grandes regulaciones que favorecen el uso de la tecnología y en su lugar responden a las presiones de ciertos grupos de poder”, expresó.