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Representantes de la Iglesia católica y organizaciones civiles solicitaron la intervención de las autoridades estatales y federales para contener a un grupo armado que ha provocado el desplazamiento forzado de más de 4 mil tzotziles de cinco comunidades de Chalchihuitán.

Según el párroco Sebastián López López, este grupo está relacionado con el conflicto limítrofe entre los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó —que data de hace 40 años— y se recrudeció el pasado 17 de octubre, cuando un grupo paramilitar asesinó a balazos a un habitante identificado como Samuel Luna Girón.

Detalló que a partir de esa fecha, el grupo armado empezó a sembrar el terror en las comunidades, donde han quemado casas y robado animales, provocando el desplazamiento forzado de los indígenas hacia las montañas de los Altos de Chiapas.

El sacerdote de Chalchihuitán dijo que le preocupa que la mayoría de los desplazados son niños, mujeres y adultos mayores que están padeciendo hambre y frío, además de que varios están enfermos y sin atención.

López explicó que desde hace una semana el grupo armado cortó la carretera que comunica a Chenalhó con Chalchihuitán, provocando escasez de alimentos y falta de servicios.

“No hay combustible ni alimentos para el municipio de Chalchihuitán debido a que no puede ingresar ningún transporte y a los pobladores ya se les avisó que no pasen por el lugar para evitar enfrentamientos”.

El religioso llamó a los gobiernos federal y del estado para que detengan al grupo paramilitar, restablezcan el paso en la carretera y resuelvan el conflicto territorial entre ambos municipios para evitar una tragedia.

Demandan atención. Varias organizaciones civiles se pronunciaron sobre el conflicto entre Chalchihuitán y Chenalhó, así como por el desplazamiento la población, y pidieron a las autoridades tomar medidas.

La organización Las Abejas advirtió sobre “la creciente espiral de violencia”, los desplazados y la proliferación de armas de fuego en la zona del conflicto. En un comunicado, la agrupación —a la que pertenecían los 45 indígenas asesinados en 1997— recordó que hace 20 años, un mes antes de la masacre de Acteal, los integrantes de La Abejas, el  Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas advirtieron a la opinión pública y a las autoridades “de la tragedia que se aproximaba”.

El Centro de Derechos Humanos Ku’untik solicitó a las autoridades medidas precautorias que garanticen la integridad física y la vida de los pobladores de Chalchihuitán.

En tanto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas manifestó que las familias desplazadas viven refugiadas en el monte sin ninguna protección.

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