Congreso de Tlaxcala llama al acuerdo en conflicto de Ixtenco

San Juan Ixtenco. — Un ambiente de tensión ronda por este comunidad luego del enfrentamiento entre dos grupos que disputan la alcaldía local y que dejó como saldo más de 20 heridos, daños a unidades policiales y al Palacio Municipal, cuyo recinto oficial sigue en poder de los habitantes que exigen la revocación del edil Miguel Ángel Caballero Yonca.

En las calles de San Juan Ixtenco todavía se encuentran las unidades oficiales volcadas, con vidrios rotos y puertas desvencijadas, pero nada se sabe del paradero de Caballero Yonca, rescatado el miércoles del Palacio Municipal por la Policía Estatal.

Ese día el alcalde instó a sus simpatizantes a recuperar el ayuntamiento por la fuerza, pero el grupo contrario convocó a más personas y mantuvo la toma del recinto municipal, además de propinar una golpiza a los seguidores de Caballero Yonca.

El caso de Ixtenco llegó al Congreso de Tlaxcala, donde el diputado Ignacio Ramírez Sánchez al pasar a tribuna lamentó los hechos violentos. “Es comprensible las diferencias de criterio entre una parte de la población y su autoridad municipal, pero no puede justificarse bajo ninguna condición que se fomenten enfrentamientos violentos que pongan en riesgo la integridad física de las personas”.

Ramírez Sánchez hizo un llamado a la Secretaría de Gobierno de Tlaxcala para que propicie de forma inmediata los canales de solución inmediata de este conflicto político, y así se llegue al diálogo y al acuerdo.

“Los conflictos políticos son naturales en una sociedad democrática, pero siempre deben encontrar los caminos de desahogo en la comunicación, el diálogo y la construcción de acuerdos cuando las partes se pierden en enfrentamiento irreductible, lo único que se gana es el estancamiento de las comunidades”.

Encono añejo. Desde el 15 de enero pasado, un grupo de habitantes de San Juan Ixtenco, situado al sureste del estado, mantienen tomado la presidencia municipal en demanda de que el edil Miguel Ángel Caballero Yonca, transparente la ejecución de los recursos.

La ocupación del inmueble fue criticada por el Frente Mexicano Pro Derechos Humanos (FMPDH) porque denunciaron que la toma del palacio municipal fue antecedida de hechos violentos provocados por manifestantes apoyados por servidores públicos.

En un texto enviado por el FMPDH al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida,  el 22 de febrero pasado, le informan: “la presidencia municipal se encuentra en posesión del grupo opositor con presunción de  que han cubierto y desconectando las cámaras de video vigilancia, lo que incrementa el temor sobre los presuntos actos en los que se ven dañadas las instalaciones, así como la sustracción de documentos oficiales en la Tesorería municipal y el archivo histórico”, denunciaron.