Villahermosa.— En el primer día de aplicación de la llamada Ley Garrote en Tabasco, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) anunció que convocará a una consulta ciudadana entre la población, a fin de tomar una posición ante las reformas al Código Penal para castigar con hasta 20 años de prisión a quienes bloqueen obras públicas y privadas, la llamada Ley Garrote.

El presidente del organismo, Pedro Calcáneo, aseguró que escuchará a grupos representativos de la sociedad para formar una opinión sobre este tema.

Agregó que en este momento no sería objetivo que la CEDH se pronunciara en torno a si la modificación aprobada por el Congreso del estado es inconstitucional o viola los derechos humanos, como señalan algunas organizaciones sociales.

“Esa posición la vamos a asumir una vez que tengamos el estudio correspondiente. Tenemos 30 días”, dijo.

En tanto, la bancada de Morena en el Congreso local afirmó que su equipo jurídico ya trabaja en alistar la defensa de la reforma ante impugnaciones.

El legislador Braulio Escalante explicó que desde la aprobación de la ley se ha reunido toda la documentación necesaria para, llegado el momento, proceder a la defensa del dictamen.

“Esperamos que quienes están en contra también se documenten bien, porque han llamado a esta ley de mil formas cuando nada de lo que se ha dicho está contenido en la propia reforma”, indicó.

Había anarquía, dice AMLO. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la situación que se vivía en Tabasco era de anarquía por la corrupción y extorsiones de supuestas organizaciones sindicales.

“Es necesario que haya orden, porque había una situación de anarquía y de corrupción, de extorsiones y eso no se puede permitir”, dijo, y agregó que eso es para Tabasco y otros estados.

En Puebla, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, rechazó que la llamada Ley Garrote criminalice las protestas.

Al ser cuestionada sobre el tema, Sánchez Cordero dijo que, en su momento, con este nuevo ordenamiento los inconformes podrán presentar impugnaciones ante las instancias correspondientes. Misael Zavala y Alberto Morales

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