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Torreón, Coahuila
Julio Alberto Villagrana Flores era policía de Torreón cuando desapareció el 21 de marzo de 2011. Tenía 23 años. Es uno de los 15 elementos de seguridad del municipio en calidad de desaparecidos, a los que el ayuntamiento local quiere que se les declare presuntamente muertos para indemnizar a los familiares y así dejar de pagarles el sueldo quincenal al que tienen derecho. Las familias se niegan.
Luz Refugio Flores es madre de Julio y desde su casa muestra el oficio que le entregó el encargado jurídico del ayuntamiento, en el que la insta a declarar a su hijo supuestamente muerto para proceder a la indemnización, como establece la Ley Federal del Trabajo.
“Nos condicionaron a firmar el oficio para recibir el sueldo, pero no vamos a realizar ningún trámite y nos amparamos”, asegura la madre.
Desde 2015, su hijo Julio fue declarado “ausente”, de acuerdo con una figura creada en mayo de 2014 por el gobierno de Coahuila para otorgar derechos de identidad y personalidad jurídica a una persona desaparecida, conocida como la Ley de Declaración de Ausencia.
El inciso I del artículo 14 de la ley establece que se tendrá en situación de licencia (a los desaparecidos) con goce de sueldo hasta que sean localizados. Desde entonces, Luz Refugio recibía el sueldo de su hijo como policía, recurso y derecho que ahora el municipio de extracción panista busca quitarle.
Para Luz lo que amagó con hacer el gobierno municipal representó una nueva victimización, una nueva humillación. Su lucha comenzó aquel 21 de marzo de 2011. Julio cubría el Sellamiento Nazas, un operativo de entonces que se encontraba en la frontera entre Torreón y Gómez Palacio, Durango.
Pero en algún momento, recuerda la mamá, le hablaron a su hijo para que se reportara a Seguridad Pública y allí lo arrestaron. Al día siguiente, Luz recibió una llamada de un compañero de Julio que le informaba que lo tenían arrestado. “Búsquelo”, le pidió alarmada por teléfono.
La mujer acudió al campo militar, pero le dijeron que allí no llevaban a detenidos. Fue a Seguridad Pública y no la quisieron recibir. Según cuenta Luz, después un hermano suyo acudió a la dirección de Seguridad junto con un abogado y hablaron con el entonces director, Adelaido Flores. “Les dijo que sí, que lo tenían arrestado, que en 72 horas sabríamos de él”, platica Luz.
Nunca les dijo el motivo del supuesto arresto. El coche de su hijo seguía en las instalaciones de Seguridad Pública. Desde entonces, dice Luz, comenzó el calvario. Pasaron las 72 horas y Julio no apareció, y el teniente Flores, el director, negó posteriormente que el joven hubiera estado arrestado.
Quieren certeza
Luz se unió al Grupo Vida, uno de los colectivos en Coahuila que busca a sus familiares desaparecidos. Después de la declaración de ausencia de su hijo, la nombraron administradora y no había tenido ningún problema en cobrar su sueldo, 6 mil 500 pesos a la quincena. Inclusive, el primer año del gobierno panista no tuvo dificultades.
Sin embargo, ahora les entregaron ese oficio en el que les daban un término de tres meses para concluir el juicio de presunción de muerte y obtener así el “beneficio” de la indemnización.
“Al día siguiente nos fuimos a los juzgados civiles e hicimos un escrito de inconformidad”, relata Luz.
Se amparó en el juzgado de distrito y presentó una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado. El municipio, a través de su encargado jurídico, contestó que los policías desaparecidos constituyen “una carga en exceso onerosa para el municipio”.
El costo para el municipio es de alrededor de 1.5 millones de pesos anuales en pagar a las familias los sueldos de todos los policías desaparecidos.
Christian Castro Sigala, abogado de un grupo de familiares de policías desaparecidos, asegura que inclusive muchas de las familias reciben sueldos de policías rasos o de agentes de parquímetros, pese que en algunos casos eran comandantes: “No han cumplido con la actualización de saldos, que tengan el pago que gozaban al momento de la desaparición”, explica.
Además, muchas de las familias fueron dadas de baja del ISSSTE, cuando la ley incluye que seguirán percibiendo todas las prestaciones de las que gozaban los policías. “Apenas me di cuenta que estaba dada de baja”, cuenta Luz Refugio.
El abogado refiere que seguirán con los juicios en primera instancia, girando los oficios correspondientes a Presidencia: “Queremos oficios en los que se retracten. Queremos que no tengan otra excusa o hacerles lo mismo, o que otra administración quiera hacer lo mismo. Además, si los declaran presuntamente muertos los bajarían de la plataforma de búsqueda y las familias quieren que los sigan buscando”, comenta.
Pese que el secretario del ayuntamiento, Sergio Lara Galván, se retractó y declaró que no quitarían el apoyo, Luz Refugio y las familias buscan que sea por escrito: “Nos dicen que se comprometen a detenerlo momentáneamente, pero queremos que respeten la ley, que nada que por el momento”.
Pide también que cumplan la palabra y den certeza jurídica para que no vuelvan a victimizarlas. “Que tengan sensibilidad”, dice.
De su hijo, Luz no sabe nada desde entonces. Al compañero que le informó del arresto, lo mataron un mes después. De Julio no hay señas, no hay pistas.
