Aumentan acusaciones por violaciones a derechos humanos contra Fiscalía de Quintana Roo; piden destitución del titular

Cancún.- Las quejas en contra de la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) y la solicitud a la gobernadora “Mara” Lezama para destituir a su titular, Óscar Montes de Oca Rosales , van en aumento, esta vez por adjudicarse la localización del principal sospechoso de la desaparición de una adolescente llamada Fernanda y por la agresión de un escolta del funcionario, en agravio de una madre buscadora.

El pasado 1 de agosto, la FGE ofreció una recompensa, literalmente, a quien aportara información fidedigna que permitiera la localización de Marco Antonio Cahuich Adrián, principal sospechoso de la desaparición de Fernanda Cayetana , una adolescente de 12 años que lo ayudaba en labores de limpieza en una taquería, a cambio de dinero que ella buscaba ahorrar.

El 21 de julio Fernanda salió de su casa rumbo a la de Cahuich Adrián, como parte de sus labores y ya no volvió. Desde entonces era buscado afanosamente por su mamá, Deysi Blanco, quien ante la inoperancia de la Fiscalía se unió al colectivo de familiares de personas desaparecidas “Verdad, Memoria y Justicia” para dar con su paradero.

El 11 de noviembre la Fiscalía anunció la captura de Cahuich Adrián a su salida de un templo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y un día después, el fiscal anunció que no aplicaba la entrega del millón de pesos ofrecido porque la detención fue resultado las supuestas labores de inteligencia y de investigación de la institución.

Este lunes, la fundadora de la asociación “Somos Tus Ojos”, Fabiola Cortés, acompañada de Deysi Blanco y del colectivo de madres buscadoras, desmintió la versión del fiscal mostrando evidencias de que personas que residen en San Cristóbal de las Casas fueron las que aportaron la información para encontrar al ahora imputado, quien fue presentado el 12 de noviembre ante un juez de Control, para que le fuese imputado el delito de desaparición por particulares, en agravio de Fernanda.

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“La Fiscalía no quería ir. Tardamos varios días exigiéndoles que fueran a San Cristóbal de las Casas. Ellos lo tenían ubicado desde hace 15 días en Chiapas, sin el lugar exacto.

“Fue a través de la comunidad chiapaneca, fueron varias las personas que estuvieron llamando y que, posteriormente, tuvieron que contactar por redes sociales a la señora Deysi, porque durante varios días la Fiscalía tomaba la llamada, pero no daban seguimiento. Es decir, no había voluntad”, expuso Cortés Miranda.

La también abogada indicó que apoyarán a las personas que ayudaron a localizar a Cauich y anunció que promoverán un juicio por la vía civil para demandar el pago de la recompensa.

“Aquí lo estás viendo; hubo comunicación con la Fiscalía; entrega de la ubicación exacta, entrega de dónde estaba el domicilio exacto, de las fotografías de la casa de las personas, entonces no fue un trabajo de inteligencia de la Fiscalía.

“Uno no puede lanzar una oferta pública de recompensa y no cumplirla. Se vuelve exigible por ley, así seas un particular (…) no es simplemente publicar una ficha para que me den información para que vea la gente y los familiares que estamos haciendo algo. A mí me sonó a eso”, subrayó.

La activista agregó que en la integración de la carpeta se cometieron muchas irregularidades y que la Fiscalía no aseguró el domicilió del imputado, luego de que se sustrajo de la ley. Evidencias fueron sacadas de la vivienda y, en general, se dio carta abierta para que Cauich huyera con todo y su familia.

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Escolta de fiscal agrede a madre buscadora

Hoy, a las puertas de la Fiscalía, María Dolores Patrón –madre de Francisca Mariner Flores, desaparecida el 22 de junio de 2020, cuando tenía 17 años– mostró a la prensa los moretones que le ocasionó el forcejeo con Hugo Delgadillo, escolta del fiscal general, el pasado 12 de noviembre.

Patrón Pat, respaldada también por el colectivo de madres buscadoras y por “Somos Tus Ojos”, narró que ese día había acudido a la Fiscalía y se topó con un contenedor de basura y, en su interior, las fichas de búsqueda con el rostro y datos de su hija. “Eso provocó coraje en mí”, dijo la mujer.

Sus hijas imprimieron más fichas y regresaron al mediodía junto con ella para volver a pegarlas en las paredes del edificio, hasta que Delgadillo Sánchez –el escolta– quien volvía de la tienda con frituras y una botella de alcohol para beber, comenzó a arrancar las fichas, antes de ingresar a las instalaciones.

Al ser abordado y cuestionado por la madre buscadora, discutieron; ella estaba trasmitiendo la situación en vivo y lo siguió hasta la entrada y él le prensó el brazo con la puerta para arrebatarle el celular.

Durante el jaloneo el funcionario la empujó, cerró la puerta y María Dolores cayó sobre la banqueta, conforme a su versión de los hechos. El escolta, quien se había quedado con su celular, abrió el portón y se lo arrojó. La mujer, que sufre de hipertensión, se desvaneció y tuvo que ser llevada de urgencias a un hospital para ser atendida.

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“El fiscal dice que no es verdad nada de lo que pasó, porque él lo niega (el escolta)”, señaló Patrón Pat, quien agregó que el escolta la amenazó.

Lo ocurrido con Deysi Blanco y María Dolores Patrón, se suma a la petición oficial para destituir al fiscal, entregada a la mandataria estatal, hoy hace un mes, acompañada por casi 70 carpetas de investigación, correspondientes a igual número de casos en donde se presume que la institución ha incurrido en graves violaciones a derechos humanos, entre ellos, el derecho a la debida investigación.

Entre las y los solicitantes para remover a Montes de Oca Rosales, están las y los padres de personas desaparecidas que conforman el colectivo “Verdad, memoria y justicia”; el Comité 9N, integrado por víctimas de la represión armada del 9 de noviembre de 2020 en Cancún; socios operadores de Uber, la asociación “Somos Tus Ojos” y otras personas que, a nivel individual, han visto obstaculizadas sus carpetas de investigación, han sido víctimas de la fabricación de acusaciones o han sufrido de omisiones y dilaciones en las indagatorias.

“Tenemos una Fiscalía tragamonedas, que solo funciona con dinero”, aseguró Fabiola Cortés, quien manifestó que la gobernadora no se ha pronunciado sobre la situación.

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afcl