Admite Morelos recomendación de CNDH sobre abuso y violencia

Cuernavaca, Mor.- El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo , aseguró que su administración atenderá de manera inmediata la recomendación 21VG/2019 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos ( CNDH ), con respecto a las faltas cometidas por la administración del exgobernador, Graco Ramírez , y el excomisionado estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, en materia de abuso de autoridades y exceso de violencia.

En esta administración, dijo Blanco Bravo, no hay cabida para la impunidad, “nosotros no vamos a cubrir a nadie, se debe llegar a las últimas consecuencias”, aseguró.

El gobernador de Morelos se refirió a la recomendación por violaciones graves a derechos humanos en el caso del multihomicidio en Temixco , ocurrido a finales de noviembre de 2017, cuando policías del Mando Único irrumpieron en un domicilio, presuntamente del líder de un cártel de las drogas, y abrieron fuego contra sus moradores.

En el sitio murieron cuatro mujeres adultas, un bebé de dos meses y un adolescente, por disparos de armas de fuego realizadas por policías estatales, que obedecieron las órdenes del entonces Comisionado Estatal de Seguridad, Jesús Alberto Capella Ibarra , actual Comisionado de Seguridad en Quintana Roo.

La CNDH señaló que el ataque donde fueron asesinadas la esposa, hermana, hija y nieta, así como un joven de 14 años, todos familiares de José Valdés, presunto narcotraficante, fue resultado de tres operativos policiales en los límites de Temixco y Cuernavaca, que derivaron en un ‘enfrentamiento’ armado entre civiles y personal de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

La Recomendación fue dirigida al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y al Fiscal General de Justicia local, Uriel Carmona Gándara, tras una investigación en la que la CNDH acreditó que policías allanaron casas habitación en que estaban las víctimas y que las detenciones fueron arbitrarias en agravio de siete personas, incluido un adolescente.

“Se registró el uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria de seis personas, incluidos dos menores de edad; hubo trato cruel, inhumano y/o degradante derivado de las lesiones a cuatro personas, incluidos dos infantes además de la dilación en la puesta a disposición de los detenidos ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común en Cuernavaca, y la colocación deliberada del arma de fuego y los indicios balísticos que se relacionaron con el cadáver de una víctima”, concluye la Recomendación.

Hechos como esos, citó el gobernador Cuauhtémoc Blanco, no volverán a repetirse en Morelos porque “el actual gobierno sí trabaja a favor de la gente, no con simulación como ocurrió en la administración de Graco Ramírez, quien nunca se ocupó de atender las necesidades de los ciudadanos. Quien la deba, que la pague”, expresó el mandatario morelense.

Blanco informó que a través de la Comisión Estatal de Atención y Reparación a Víctimas (CEARV) darán puntal seguimiento a los afectados, para que accedan al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto por la ley.

El ataque

El 30 de noviembre de 2017 siete policías de un presunto grupo de élite de la CES entraron a una casa donde José Valdés percnoctaba con su familia, unas 15 personas, bajo el supuesto de que estaban armados y tenían a personas secuestradas.

De acuerdo con la versión del excomisionado de Seguridad, Alberto Capella, el presunto narco y dos de sus hijos le dispararon pero uno de ellos dijo que los elementos entraron sin identificarse a la casa y abrieron fuego, matando en primera instancia a la bebé de dos meses de edad.

Las cuatro mujeres adultas y el adolescente fueron acribillados en un baño diminuto, en tanto el cadáver de la bebé quedó en el suelo de la sala.

A 20 meses del crimen no se conocen cargos contra los policías que participaron en el operativo por el contrario la Fiscalía acusó a los sobrevivientes, el presunto delincuente, su hijo mayor, su esposa, un amigo de la familia y otro de los hijos, menor de edad, por lesiones calificadas en contra de los policías, cuyos cargos fueron desvanecidos durante el proceso.

La recomendación dirigida al gobierno estatal da cuenta de una inadecuada implementación de políticas públicas para abatir los altos índices delictivos imperantes en dicha entidad, y a la Fiscalía General del Estado lo señala de dilación irregular de las carpetas de investigación radicadas por las conductas delictivas cometidas en agravio de las víctimas.

A la Dirección General de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad le observa las irregularidades en la resolución de la carpeta administrativa instruida contra los elementos policiales que participaron en los hechos del 30 de noviembre de 2017.

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