Acata Quintana Roo sentencia sobre sustentabilidad en Península de Yucatán

El Gobierno de Quintana Roo cumplió la sentencia expedida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y con ello, el Acuerdo General para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán (ASPY), quedó sin efecto.

En entrevista con EL UNIVERSAL , el titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), Alfredo Arellano Guillermo , informó que la sentencia que declara "insubsistente" al ASPY se acató y se alistan a cumplir lo relativo a la realización de una consulta indígena que incluya a las comunidades mayas .

El funcionario indicó que los componentes y acciones del ASPY se realizarán de cualquier modo, pues están contenidas en ordenamientos, programas sectoriales y nacionales, así como en acuerdos internacionales y líneas establecidas por las Naciones Unidas.

El ASPY, refirió, "no es nada nuevo" y señaló que sólo constituía un marco de coordinación y homologación para trabajar conjuntamente con los gobiernos de Campeche y Yucatán para la mitigación y adaptabilidad hacia los impactos del Cambio Climático en la región peninsular.

El 6 de junio pasado, un Tribunal Colegiado radicado en Cancún declaró insubsistente el ASPY en los tres estados que lo suscribieron en diciembre de 2016, en el marco de la COP- 13 .

Tribunal declara “insubsistente” acuerdo para sustentabilidad en Península de Yucatán

Lo anterior implica que el acuerdo no es aplicable y que debe organizarse una consulta indígena en los términos que determinen los pueblos mayas, como resultado del amparo y su correspondiente revisión, promovidos por el Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar , en enero de 2017.

"Lo relevante era la conjunción de los trabajos y el vinculo entre los tres estados para homogeneizar las acciones. Fuera de eso, las actividades se harán.

"Por lo pronto la sentencia se acató, ta quedó sin efectos (el ASPY) y vamos a preguntar al Tribunal en qué términos debe realizarse la consulta", expresó.

En su opinión, el Acuerdo era congruente con los objetivos que persiguen las organizaciones que lo impugnaron y consideró que quizá carecían de suficiente información sobre los alcances de la iniciativa.

Admitió que la SEMA desconocía que un acuerdo de este tipo tenia que ser sometido a una consulta pública o una consulta indígena.

afcl