A 4 años de "Ingrid" y "Manuel", familias viven en la carretera

La omisión de Sedatu al no incluirlos entre los damnificados provocó que habitantes de Chicahuales quedaran sin apoyo
Tras las lluvias provocadas por Manu el e Ingrid en 2013 unos 600 pobladores de la comunidad de Chicahuales se fueron a vivir sobre la carretera que comunica al filo mayor de la Sierra; carecen de los servicios básicos (SALVADOR CISNEROS. EL UNIVERSAL)
15/09/2017
04:30
Arturo de Dios Palma
Chilpancingo
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En la reconstrucción por los daños que provocaron los meteoros Manuel e Ingrid en 2013 han pasado muchas cosas, unas increíbles, como olvidar a mil habitantes de la Sierra.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) olvidó censar a 208 familias de la comunidad de Chicahuales, en la Sierra de Chilpancingo. El descuido ha provocado que desde hace cuatro años tengan que vivir sobre la carretera.

El 15 de septiembre de 2013, los casi mil pobladores de Chicahuales tenían el río que atraviesa su comunidad prácticamente encima y los cerros que la rodean comenzaban a resquebrajarse. La única salida la bloqueó un alud de tierra y cruzar el río significaba el suicidio. No quedó de otra: se quedaron a esperar ayuda.

Y mientras ésta llegaba, lo que había en las tiendas locales se fue agotando: el agua, la leche, los abarrotes y todo lo mínimo necesario. La ayuda llegó después de que un grupo de hombres caminó hasta la capital a solicitarla.

En helicópteros comenzaron a llegar alimentos, y después el desalojo. Como fue bajando el río y los caminos se fueron liberando, los pobladores comenzaron a regresar. Pero la huella que dejaron Manuel e Ingrid fue indeleble: los cerros quedaron agrietados y a punto de derrumbarse.

Desde entonces, el pueblo se dividió: unos 600 pobladores se fueron a vivir sobre la carretera que comunica al filo mayor de la Sierra. Los que se quedaron, dicen, lo hicieron porque en la carretera ya no cupieron. Y los que sí tuvieron espacio están viviendo en casas de madera, sin baño, sin agua potable, sin drenaje.

Desidia. Pero las familias de Chicahuales no sólo sufrieron la inclemencia de los meteoros, sino también la desidia gubernamental. Ni la Sedatu ni la Sedeso, en los días que comenzaron la reconstrucción, acudieron a esa comunidad para censarlos y considerarlos como damnificados.

Ese error provocó que el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), la dependencia de donde salió la mayoría de los recursos para la reconstrucción y reubicación, dejara fuera de los apoyos a esta localidad.

Regresar a Chicahuales ya no es opción: existen dos dictámenes, uno de Protección Civil estatal y otro del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) que lo han declarado como un lugar de “alto riesgo”.

Otro caso similar ocurrió en San Vicente, también en la Sierra de Chilpancingo; 578 familias quedaron fuera del censo de damnificados.

“Nosotros nos salimos porque se escuchaban bien feo los truenos de los cerros, pensamos que se iban a caer”, dice la señora María de Jesús Velásquez, parada en el patio del terreno donde construyó una choza.

El delegado de la Sedatu, José Armenta Tello, reconoce que fue más bien un error administrativo que de dinero: “Nunca se dijo ‘dejen afuera a estos porque no hay dinero’, el Fonden siempre estuvo abierto, incluso hubo un periodo extraordinario”.

En tanto, los pobladores consideran que no han sido reubicados debido a los engaños de los funcionarios públicos. El comisariado ejidal, José Nava Lorenzo, responsabiliza a Héctor Vicario Castrejón, ex delegado de la Sedatu y actual diputado local por el PRI, por el descuido, y en el reparto de culpas aparece el alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva.

El 17 de mayo de 2015, en campaña, se comprometió con ellos a reasentarlos. Les redactó, con su propia mano, un documento.
 

La promesa. Del viernes 13 al domingo 15 de septiembre de 2013, las lluvias provocadas por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid devastaron 70% de la geografía de Guerrero. Una de las regiones más afectadas fue La Montaña. Ahí murieron 40 personas, 16 mil familias resultaron damnificadas y más de 4 mil casas dañadas.

El 7 de noviembre de 2013 en Casa Guerrero vino la respuesta gubernamental. Enrique Peña Nieto anunció el Plan Nuevo Guerrero y destinó para reconstrucción 45 mil 197.1 millones de pesos para ser ejercidos en 2014, 2015 y 2016. Según el portal de transparencia, hasta septiembre de este año se ha ejercido 92.1% del dinero.

El plan tiene presupuestada la construcción de 43 fraccionamientos con un total de cinco mil viviendas. Sin embargo, sólo se han entregado de manera parcial 23 y 19 de ellas ha sido clausuradas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), cinco fueron señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (por la forma en que fueron adquiridos los predios y sus costos).

El 92.1% del avance que dice el gobierno no se refleja en los hechos. A cuatro años, caminar por las comunidades de La Montaña y de la Sierra de forma inevitable se convierte en un inventario de daños.

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