¿Un fraude constitucional?

El tiempo pasa y los trabajos de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México avanzan con una lentitud pavorosa. Los diputados constituyentes han estado muy por debajo del desafío de dotar a la capital de la República de un texto constitucional que refleje la pluralidad social y política de sus habitantes.

Si uno revisa lo (poco) que ha trascendido de sus discusiones, la decepción es mayúscula. Han abundado los despropósitos y hasta los conatos de agresiones físicas entre los constituyentes. Algunos actores (actores en sentido teatral, ni más ni menos) que fueron electos han tirado la toalla o de plano apenas se han asomado a los trabajos legislativos. Muchos diputados jamás han puesto un pie en el salón de sesiones y otros han ido solamente a calentar la silla.

Pero el tiempo apremia, pues a menos que quieran violar el plazo establecido por la Constitución General de la República, deberán estar entregando el texto completo de la primera Constitución de la Ciudad de México a más tardar el 31 de enero. No se ve de qué manera puedan cumplir con ese mandato, a la vista de la lentitud con la que han trabajado hasta ahora.

Cuando en el futuro los historiadores o juristas revisen los debates de nuestro constituyente local lo más probable es que sientan pena, bochorno o de plano vergüenza ajena. Su nivel ha sido bajísimo y eso que todavía no pasan del capítulo inicial, referido a los derechos humanos y al (todavía misterioso) llamado “derecho a la ciudad”. Les falta entrar en temas de gran calado y trascendencia, como por ejemplo la definición jurídica de las “alcaldías” que habrán de sustituir a las actuales delegaciones políticas, o la forma en la que la Ciudad se va a relacionar con los poderes federales y con las entidades federativas vecinas.

Además de la baja calidad de las discusiones, así como el retraso y la lentitud en los trabajos, lo que se ha puesto en evidencia hasta ahora es el grosero desconocimiento del marco jurídico en el que deben trabajar. Eso los ha llevado a considerar temas que no son de su competencia, como el de las drogas o la materia laboral (ambas cuestiones son responsabilidad del Congreso de la Unión, no pudiendo ser reguladas por ninguna entidad federativa).

El desprecio hacia el marco jurídico general del país puede producir, si es que algún día terminan de redactar el texto, que la Constitución de la Ciudad sea objeto de una o varias acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Sería en extremo penoso que la Corte tuviera que enmendarle la plana a los constituyentes y pusiera en evidencia (todavía más) su absoluta ignorancia de las normas jurídicas a las que deben sujetarse.

Ahora bien, ese resultado era previsible desde el momento en que nos enteramos de la composición de la Asamblea Constituyente. Desde hace meses lo advertimos desde las páginas de EL UNIVERSAL: será una Constitución sin constitucionalistas. Los resultados —en lo poco que llevan avanzado— están a la vista. Nos arrepentiremos pronto y mucho de este experimento constitucional fallido, si no cambian de rumbo a la brevedad. Todo apunta a que seremos testigos de un burdo fraude constitucional.

@MiguelCarbonell

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