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La economía y la terca realidad

La inseguridad y la escalada de violencia como expresión de ella, tiene hondas raíces en un tejido institucional podrido
19/06/2017
02:05
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La victoria de Peña Nieto fue un llamado a robar, concluía Jesús Silva-Herzog Márquez en su artículo publicado el 24 de abril después de que el Presidente había presentado a la captura de Duarte como un mensaje contundente contra la impunidad.

Dudo que alguien lo crea, decía allí mismo Silva-Herzog. Duarte es el retrato de la impunidad. De la violación reiterada del Estado de derecho ante la complacencia de un gobierno federal que, por años, ni siquiera parpadeó ante las denuncias de organizaciones civiles y de medios de comunicación. Sólo reaccionó cuando las evidencias tocaron a sus puertas y amenazaron con desnudar su complicidad.

Pero el ex gobernador veracruzano Javier Duarte no ha sido el único retrato de la impunidad en las últimas semanas. Acabamos de enterarnos que otro Duarte, César, entregó 22 millones de pesos en efectivo —en fajos de billetes de 500 pesos— para sobornar a 22 legisladores del Congreso de Chihuahua. Un millón de pesos para comprar el voto de cada uno de estos 22 diputados locales con el propósito de que aprobaran un crédito adicional por 6 mil millones de pesos del gobierno de Chihuahua, a unos días de que César Duarte dejara el gobierno estatal.

Éstas son sólo dos estampas de una clase política acostumbrada al saqueo de las arcas públicas, locales y federales, sin más. La ruptura del Estado de derecho desde las propias instituciones del Estado. La violencia de las leyes inflingida desde sus propios constructores. La impunidad pregonada a los cuatro vientos desde los mismos balcones de las casas de gobierno.

Así que la destrucción de la confianza ciudadana en las instituciones públicas no ha parado. Mucho menos la reproducción de la violencia en prácticamente todos los rincones del país. No hay espacios de la geografía nacional a salvo de una violencia que se reproduce vorazmente, alentada por la ruptura del Estado de derecho y por la extendida corrupción en las esferas del poder político. El caso de los llamados huachicoleros de Puebla y Veracruz son otra de las expresiones de robo, de violencia y de corrupción que se siguen reproduciendo en gobiernos que alientan la rapiña.

Y esto lo saben los ciudadanos. Lo viven cotidianamente los pequeños, medianos y grandes empresarios de todo el país. Por eso es que cuando se les pregunta a los empresarios de distintas zonas del territorio nacional por los riesgos que amenazan a sus negocios y al crecimiento económico de su región, la respuesta es casi unánime: La inseguridad pública es la mayor amenaza. La corrupción y la violencia detienen las inversiones y pudren la competitividad.

“Con el fin de evitar que la inseguridad y la corrupción se establezcan como un lastre para el crecimiento económico regional, resulta indispensable fortalecer el estado de derecho y garantizar la seguridad jurídica de todos los actores económicos”.

Con esta lapidaria conclusión terminan los funcionarios del Banco de México su reporte sobre las economías regionales del primer trimestre de este año que presentaron la semana pasada. No hay mucho más que decir. Sólo precisar que las evidencias muestran que la violencia y la corrupción son ya lastres para el crecimiento económico de no pocas regiones del país, tanto en las ciudades como en el campo.

La Encuesta Nacional Agropecuaria que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) deja de manifiesto a la inseguridad como un problema serio en las zonas rurales. Uno de cada cuatro encuestados dijo haber lidiado con la inseguridad en el año agrícola 2014, año en el que se realizó la más reciente encuesta. El abandono de tierras y el desplazamiento de pobladores debido a la inseguridad se volvieron comunes en ciertas regiones del campo mexicano. Allí están los municipios ubicados alrededor de Ciudad Victoria en Tamaulipas, como uno de los casos más graves en el país. Pero no el único.

La reproducción de la violencia se ha dado en amplios sectores de la economía como lo han denunciado las cúpulas empresariales particularmente los líderes de la Coparmex. Desde el transporte, las manufacturas, el comercio, o el turismo. Desde hace años que el turismo extranjero prácticamente desapareció de las calles y playas de Acapulco en Guerrero y, recientemente, destinos preferidos por el turismo internacional como Quintana Roo o Baja California Sur han visto amenazada su imagen por la inseguridad que acecha sus calles. Los robos con violencia de autos y camiones se dispararon en los últimos años en estados como Baja California Sur, Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo y Sonora.

El asunto es que la creciente inseguridad pública y la escalada de violencia como expresión de ella, tiene hondas raíces en un tejido institucional podrido. Porque cuando se habla de seguridad pública se pensaría que todos –más allá de cualquier interés particular- tendrían que estar de acuerdo en que es un punto de partida común; deseable y necesario. Que, en todo caso, las diferencias estarían en los cómo de la implementación.

Pero no es así. La inseguridad pública y la violencia que afecta a los mexicanos —y que lacera el crecimiento económico— es producto del rompimiento del Estado de derecho, de la corrupción y de la impunidad en el que ha vivido y alienta el régimen. Un régimen que ha dado muestras de que solo busca reinventarse para no cambiar ese tejido institucional podrido.

Una terca realidad que ha subyugado a la economía.

Twitter:@SamuelGarciaCOME-mail:samuel@arenapublica.com
Twitter:@SamuelGarciaCOM E-mail:samuel@arenapublica.com

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