Una de las quejas más recurrentes que he escuchado entre los analistas extranjeros y nacionales sobre las instituciones públicas, es su creciente desconfianza sobre la calidad de las cifras que se producen.

Recientemente uno de los más experimentados y respetados analistas –del que me reservo su nombre por obvias razones- me hizo una observación sobre los datos de la deuda pública que vale la pena comentar públicamente por su trascendencia.

Y se refería a que –por alguna razón- en los documentos públicos de Hacienda, se modificaron fuertemente a la alza las cifras que muestran la proporción de deuda total a PIB; un asunto central en el actual debate sobre el estado de las finanzas públicas y su futuro.

Me explico: Los datos de la deuda del sector público federal de los últimos cinco años (2011-2015) que se publica en la página de Hacienda en internet -en sus Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas- no coinciden con los que se publicaron en abril pasado. No como proporción del PIB.

Le doy los datos para su cotejo. Para 2011 la deuda total como proporción del PIB que publicó Hacienda en abril pasado fue de 31.1%; ahora esta proporción se publica en 37.5% en sus mismos registros. Para 2012, era de 33.1%; ahora se publica en 37.7%. Para 2013, se publicó en 35.3%, ahora en 40.4%. Para 2014, era de 38.6%, y ahora es de 43.2%. Mientras que para 2015 la proporción de deuda total a PIB publicada en abril fue de 43.2%, y ahora se publica en 47.6%.

Esta supuesta ‘revisión’ de cifras al alza sobre la proporción de la deuda pública al PIB -digo ‘supuesta’, porque el gobierno no ha publicado ninguna nota metodológica, boletín de prensa, ni ha emitido ninguna explicación formal que se haya conocido- generó –como es natural- dudas sobre sus motivaciones; y la más común es que probablemente en el pasado reciente se quiso minimizar estadísticamente el problema de la deuda, que ahora se corrige.

Pero el problema de fondo es el resquebrajamiento de la confianza en la información que produce el gobierno. Un asunto que afecta la calidad de información para la toma de decisiones de decenas o cientos de inversionistas. ¿Acaso se puede confiar en los datos que ofrece el Gobierno Federal y los gobiernos locales, e incluso, algunas de las instituciones públicas con autonomía?

Ése es el punto.

Y éste que se señala ahora es un caso más. Ya recientemente se dio un debate público –que rayó en el escándalo- sobre la información que entregó INEGI en relación a los ingresos de las familias de los estratos más bajos de la población y que modifica favorablemente la percepción sobre la pobreza en el país y, particularmente, en algunos estados.

El debate, aunque bajó de intensidad en las últimas semanas, no está resuelto ni mucho menos; pero sí dejó una estela de dudas –más allá de las consideraciones técnicas- sobre las verdaderas intenciones políticas desde los gobiernos para modificar la encuesta que aplica INEGI para obtener esta información. Un cuestionamiento de fondo a la autonomía de INEGI.

Más recientemente el analista Jonathan Heath publicó el 7 de septiembre pasado un artículo en el diario Reforma con el sugerente título “La credibilidad de la inflación” en la que cuestiona la confianza en la metodología y los datos de INEGI que sustentan la inflación más baja de la historia que la institución autónoma reportó en 2015. Trayendo a la memoria la inflación del periodo mayo 2015-julio 2016, que fue menor a 3% anual, Heath concluye: “estos datos simplemente no parecen corresponder a la realidad que enfrentamos”. Jonathan Heath fue asesor de INEGI y es un experto en estadísticas públicas.

Pero más allá de los datos de INEGI y de la propia secretaría de Hacienda, aquí mismo también hemos cuestionado el persistente discurso triunfalista desde la Presidencia de la República sobre el número de nuevos empleos creados en el sexenio. En realidad –hemos insistido- un alto porcentaje de estos ‘nuevos’ empleos, corresponden a la formalización de plazas existentes, incluso en los propios ámbitos públicos. (“La manipulación: ¿Y cuántos empleos se han creado?”, 29 junio 2015)

Antes, también se cuestionó la calidad de la información que da a conocer trimestralmente la secretaría de Economía del gobierno federal sobre la inversión extranjera directa utilizando comparaciones anuales con cifras preliminares que regularmente se revisan al poco tiempo y que, por lo tanto, inflan los datos (“Miente Economía sobre la inversión extranjera”; 25 mayo 2015).

El hecho es que la cantidad de casos que cuestionan la calidad de la información estadística que producen el gobierno y algunas instituciones –otrora creíbles- muestra un panorama preocupante; dicho en boca de analistas que conocen de cerca y por mucho tiempo la producción de información estadística en México.

La manipulación o distorsión de la información económica solo agravará el clima de desconfianza en la recta final del sexenio.

Twitter:@SamuelGarcia

COME-mail:samuel@arenapublica.com

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