La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, puso recientemente el dedo en una gran llaga en México: La manipulación de la contabilidad de algunas grandes empresas transnacionales que operan en el país reduciendo o, incluso, anulando el pago de impuestos.

Ayer El Universal destacó en su primera plana la información que la CEPAL publicó como parte de su Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2016 y en el que México figura como el país con la mayor salida de flujos ilícitos en la región: El 44% del monto regional corresponde a México.

Recordemos que -después de que enero de 2014 el Sistema de Administración Tributaria (SAT) había señalado que 270 empresas eran investigadas por presuntas prácticas de elusión fiscal- el 25 de septiembre de ese año la agencia Reuters reveló que dos de las siete empresas multinacionales que investigaba el SAT por elusión fiscal, eran el gigante de los juguetes Hasbro y la estadounidense Procter & Gamble, líder mundial en productos para el hogar.

En el caso de Hasbro, el propio Reuters recordaba que la empresa juguetera había publicado en su más reciente reporte trimestral que el SAT le reclamaba 250 millones de dólares en impuestos por el periodo 2000-2007; lo que da una ligera idea del tamaño del fenómeno de la elusión fiscal.

Así que el asunto que ahora aborda la CEPAL no es nuevo. Desde hace ya varios años se tiene conocimiento de que muchas de las grandes empresas –entre ellas varias transnacionales- eluden sus obligaciones fiscales a través de operaciones transfronterizas y de relocalización de sus ganancias en destinos con menores tasas impositivas que en México.

El punto de la CEPAL es la manipulación de la contabilidad en algunas grandes multinacionales para no tener utilidades en el país huésped, mediante precios de transferencia que les permite recolocar sus utilidades en otros destinos.

En mayo pasado la secretaría de la Función Pública sancionó al ex administrador central de Fiscalización de Precios de Transferencia del SAT por beneficiar a Primero Mining, una minera canadiense a la que le autorizó vender plata a precios inferiores a los que existían en el mercado en 2012. Esta operación “le generó pérdidas” a la minera por lo que la empresa canadiense solicitó una devolución de impuestos al SAT.

El asunto salió a la luz pública cuando la minera canadiense informó a la bolsa de Toronto la autorización que había obtenido con el SAT sobre esos precios de transferencia, lo que provocó que la acción subiera de precio y, claro, llamó la atención de las autoridades mexicanas. Este mecanismo, de manipulación de precios de transferencia, es utilizado con frecuencia entre las multinacionales; para lo que se prestan firmas de contadores que firman dictámenes de precios de transferencia determinando que los márgenes de utilidad que se quedan en México son “adecuados” a los riesgos que incurre la operación de México. Y ello evita el pago de impuestos en México.

No se puede dejar de señalar el otro aspecto: En muchas ocasiones las empresas transfieren utilidades al exterior usando mecanismos que la ley les permite, lo que les reduce enormemente el pago local de impuestos.

Por ejemplo, se sabe que algunas de las transnacionales que operan en el país, se ven favorecidas fiscalmente al utilizar a su favor la condición de ‘maquilador’ que obtienen a través de un proceso administrativo ante la secretaría de Economía.

El asunto –grave porque implica cientos de millones de dólares- ha sido discutido entre las autoridades hacendarias y los funcionarios de la secretaría de Economía, desde el gobierno de Felipe Calderón, pero no se atrevieron a eliminar las rendijas que favorecen la elusión fiscal, particularmente al otorgar con laxitud el tratamiento fiscal de ‘maquilador’ a transnacionales que, en esencia, no lo son.

Y no estamos señalando a empresas que pasen desapercibidas. No. Hablamos de grandes empresas multinacionales de la industria automotriz, de productos de consumo o agropecuarias, por mencionar solo algunas; que obtienen “legalmente” grandes ventajas fiscales al darles un tratamiento fiscal que no les corresponde.

Por la vía de la ilegalidad -de la manipulación de los precios de transferencia; o de la ‘legalidad’ surgida por la laxitud en la aplicación de la ley, de la conveniencia política o, incluso, por la corrupción; el asunto es que miles de millones de dólares anualmente salen por la vía de las multinacionales sin dejar beneficios al país.

La CEPAL lo señala y las autoridades lo saben. Conocen los casos con pelos y señales, pero… el pero de siempre.

Twitter:@SamuelGarciaCOM

E-mail:samuel@arenapublica.com

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