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Como “papa caliente” que todos rehúyen y nadie quiere agarrar, la crisis de violencia e inseguridad que vive Guerrero es motivo de acusaciones y culpas cruzadas entre distintos niveles de gobierno. Y mientras la Federación, el Congreso y los poderes estatales se responsabilizan unos a otros, las muertes siguen creciendo —reportes periodísticos contabilizan 52 muertos en las últimas dos semanas— y la ola de violencia criminal alcanza lo mismo a niños y mujeres, que a las escuelas que son cerradas ante la inseguridad en Acapulco. Todo eso ocurre a 15 días de iniciado el gobierno de Héctor Astudillo y de que el presidente Enrique Peña Nieto ordenó un operativo federal para “rescatar a Guerrero”.
El reparto de culpas comenzó con las declaraciones del secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, quien el martes pasado responsabilizó a los ex gobernadores perredistas Ángel Aguirre y Rogelio Ortega de la violencia que padece Guerrero porque “no construyeron instituciones de seguridad”. Osorio dijo haberle pedido a los dos ex mandatarios y a sus secretarios de seguridad que tomaran acciones y que ninguno de ellos cumplió con su obligación de velar por la seguridad de los guerrerenses.
La respuesta a Osorio no se hizo esperar. Ayer Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Cámara de Diputados y ex dirigente nacional del PRD, cuestionó al titular de Gobernación y aclaró que la seguridad es responsabilidad del Estado en su conjunto y no compete sólo a los gobernadores. “Yo creo que es, como se dice coloquialmente, un manera muy fácil de escurrir el bulto de las responsabilidades que como Estado mexicano se tienen para combatir eficazmente al crimen organizado y a la delincuencia en general… se pretende lavarle la cara a los órganos de inteligencia del Estado”, señaló el diputado federal.
En defensa de Osorio salió el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo: “Si el secretario de Gobernación hace esos comentarios (que la culpa de la violencia es de Aguirre y Ortega) es porque el secretario es el hombre más informado de este país y seguramente tiene elementos para afirmarlo. Yo lo comparto porque lo que yo he encontrado es un debilitamiento de todas las corporaciones policiacas locales”, dijo el recién llegado mandatario guerrerense.
Pero Astudillo también trató de evadir la culpa por la ola de violencia en el estado desde que tomó posesión y que, según recuentos periodísticos, ha cobrado la vida de 52 guerrerenses en los últimos 15 días, entre ellos mujeres y niños asesinados en hechos de violencia, además de que en Acapulco suman 748 muertes violentas en lo que va de este año (un promedio de 2.3 asesinatos diarios), y ayer se reportó el cierre de 8 escuelas primarias ante el temor a asaltos. “Con mi llegada, en forma automática, no se iba a parar todo; es lo que encontré”, dijo el gobernador del PRI, quien en su reciente toma de posesión anunció, en compañía de todo el gabinete de seguridad federal, un nuevo operativo para “combatir la violencia y rescatar al estado”.
En medio del reparto de culpas de los funcionarios, lo que hay en Guerrero —no de ahora sino hace años— es una “ausencia de Estado”, un vacío de autoridad que tiene en la indefensión y a merced de la violencia a los guerrerenses, a quienes poco importa si la responsabilidad es federal, estatal o municipal. Lo único que entienden los habitantes de este dolido estado es que alguien tiene que contener la violencia. Y hasta ahora ni los gobiernos locales ni la Federación, con su reciente despliegue de mil 500 federales, han podido.
NOTAS INDISCRETAS… Roberto Campa ofreció ayer apoyo y ayuda a uno de los eslabones olvidados de la cadena de violencia en Iguala. El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob se reunió en Chilpancingo con los integrantes del equipo de futbol “Avispones” y sus familiares para buscar la manera de resarcir la agresión que éstos sufrieron el 26 de septiembre de 2014 al ser baleado el camión en que viajaban. Campa y el gobernador Héctor Astudillo ofrecieron gestionar indemnizaciones a las víctimas olvidadas de aquella tragedia… Todo un logro para el futuro de Pemex el anuncio del aumento de la edad de jubilación de 55 a 60 años para los trabajadores de la empresa estatal que tengan 15 años de antigüedad. La negociación entre el director Emilio Lozoya y el sindicato será un respiro para las agobiadas finanzas de la petrolera nacional… Cuatro meses se cumplieron ayer de la fuga de Joaquín Guzmán Loera. Y El Chapo sigue libre. “Asediado y perseguido”, dicen en el gabinete de Seguridad Nacional, pero al fin libre... Paran los dados. Serpiente doble.
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