Peña y la marihuana: ¿posición salomónica?

Con un pronunciamiento claro, aunque ambivalente, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró su postura ante el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia que abrió la puerta para la legalización de la marihuana en México al conceder un amparo a cuatro ciudadanos para sembrarla, producirla, transportarla y fumarla con fines lúdicos. El mandatario mexicano optó por un posicionamiento salomónico al decir que, “en lo personal… para mí no sería deseable ni estoy a favor de una legalización del consumo de la marihuana”, pero como jefe del Estado Mexicano expresó que “se debe abrir un debate, científicamente y con argumentos sólidos” y ordenó a la Secretaría de Gobernación convocar a especialistas y sociedad para trazar políticas de Estado ante una posible legalización.

La ambivalencia presidencial —congruente con lo expresado en otras ocasiones sobre el tema— confirma por un lado la convicción ideológica personal de Peña Nieto, que comulga con quienes piensan que legalizar la marihuana “puede abrir espacio e inducir al consumo de otras drogas mucho más dañinas para las personas y para la salud pública”; pero por otro lado, exhibe también el tamaño de la presión sobre la Presidencia de la República desde Washington, donde el gobierno de Estados Unidos se opone tajantemente al levantamiento de la prohibición en territorio mexicano.

Porque en la doble moral estadunidense México no sólo es el principal responsable del “envenenamiento” de su adicta sociedad, como país productor y exportador de esa y otras drogas, por lo que legalizar la marihuana supondría un problema para su país consumidor. Poco importa, en esa óptica hipócrita de la Casa Blanca, que la cannabis ya sea legal en 23 estados y el Distrito de Columbia de EU, donde se siembra, se produce y se comercializa con fines “terapéuticos y recreativos”, y que para México la prohibición no haya evitado hasta ahora su producción ni su consumo y sí en cambio haya fomentado una violenta industria criminal que a nuestro país le cuesta vidas.

La cautela del Presidente también tiene que ver con que en Los Pinos saben que la decisión de la Corte abrió un debate que ya es imparable, sin embargo las encuestas de opinión todavía arrojan una mayoría de mexicanos en contra de la legalización total de la marihuana. Ayer un sondeo de Ulises Beltrán consigna que el 60% de los encuestados rechaza el amparo otorgado por los ministros de la SCJN, pero también un 54% de los mexicanos cree que el tema “es una decisión libre de cada persona”.

Es decir, que si bien prevalece una mayoría contra la legalización, las tendencias en la opinión pública se han ido modificando, y mientras hace un par de años las encuestas arrojaban un 70/30 (70 en contra y 30 a favor) hoy la proporción sería de 60/40, con un porcentaje creciente de quienes piensan que el asunto recae en decisiones individuales y derechos y libertades de las personas, tal como establece la tesis del ministro Arturo Zaldívar.

Eso último, sumado al impulso de la ONU para un debate internacional sobre la legalización y al avance de leyes que levantan la prohibición en otros países del continente (Uruguay es el ejemplo más claro) lleva al Presidente de México a definir, que por encima de su respetable posición personal, el tema requiere de un “debate amplio” en el que participe la sociedad y los expertos, al tiempo que el Estado —incluidos todos los poderes y no sólo el Judicial que ya se pronunció— comiencen a discutir eventuales políticas públicas, de derechos humanos, pero también de salud, para normar un eventual consumo legal de la marihuana, como el que puede venir a futuro tras el precedente legal y constitucional de la Suprema Corte. Y ahí Peña Nieto sí fue bastante específico: al Estado correspondería definir políticas y acciones públicas que eviten que la posible legalización y apertura de la cannabis, signifique una apertura a futuro de otras drogas que son más dañinas, adictivas y peligrosas para el consumo humano y para la sociedad, como la cocaína, la heroína o las drogas sintéticas.

En conclusión, dentro de su postura salomónica, el presidente Peña Nieto está aceptando como jefe de Estado lo que no quisiera como persona: que el debate sobre la legalización de la marihuana ya es imparable en México y que nuestras instituciones tienen que empezar a prepararse para una eventual y futura apertura en su producción y consumo. Aunque afuera y dentro del país haya sectores que estén en desacuerdo.

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