El anuncio sorpresivo de la salida de Agustín Carstens del Banco de México no sólo aumentó la incertidumbre y las dificultades severas que ya se ciernen sobre la economía mexicana en este fin de año y para 2017; también fue la confirmación de que, justo en la recta final de este sexenio, la volatilidad con una devaluación del peso que podría llegar a 100%, el endeudamiento excesivo y el magro crecimiento económico serán el signo y la herencia de la política económica del presidente Enrique Peña Nieto.

La renuncia de una figura como Carstens, que por su trayectoria y reconocimiento internacional da certidumbre a la política monetaria del país, no pudo ser más inoportuna: se dio exactamente el mismo día en que el Presidente anunciaba con bombo y platillo, con eventos masivos con la burocracia y en cadena nacional, el arranque de su quinto año de gobierno. Y coincidió también con el endurecimiento del discurso antimexicano del presidente electo de EU, Donald Trump, que ya en sus acciones de transición, con la cancelación de inversiones estadounidenses destinadas a México, su anunciada revisión inmediata del TLC y hasta en su terquedad con el muro fronterizo, anticipa lo que será una política agresiva y proteccionista en la relación comercial y bilateral.

¿Acaso nadie en el gobierno se enteró que Carstens iba a anunciar su salida del Banxico justo el mismo día que Peña Nieto quería mandar su mensaje de “unidad y optimismo” a los mexicanos con motivo del cuarto aniversario del inicio de su gobierno? Si lo supieron y no hicieron nada, que malos operadores políticos tiene el Presidente, que permite que un anuncio tan fuerte e impactante no sólo le robe cámara y reflectores al mensaje presidencial, sino que además haga sentir su efecto negativo, que generó nerviosismo y afectó tanto a la Bolsa Mexicana como al peso, que alcanzó hasta los 21.05 por dólar, justo el mismo día que arranca el quinto año de la administración.

Y aunque Agustín Carstens, cauteloso y mesurado como es, se esforzó por negar en todo momento que se vaya en julio próximo al Banco Internacional de Pagos por diferencias o discrepancias con el equipo económico de Peña Nieto, va a ser muy difícil que se borre de la opinión pública la idea de que su salida sí tuvo que ver con desacuerdos y falta de entendimiento con la Secretaría de Hacienda.

De hecho, en el círculo cercano de Carstens se afirma que las diferencias existieron, tanto con Luis Videgaray, en su momento, como ahora con José Antonio Meade. Se sabe que, en el contexto de la volatilidad que ha afectado al peso en los últimos meses, marcadamente desde la elección reciente en Estados Unidos y el triunfo de Trump, el teléfono del gobernador del Banxico sí sonó de manera frecuente con llamadas desde el despacho del secretario de Hacienda, para pedir a veces, “sugerir” otras, o incluso presionar, para que el banco central aumentara la cantidad de circulante, inyectara dólares al mercado ganados con las variaciones del tipo de cambio o hasta evitara el incremento de las tasas de interés que querían evitar en el gobierno. “Carstens sí se va cansado de las llamadas y presiones de Hacienda que cuestionaban las decisiones de Banxico y pretendían “sugerir” las medidas en la política cambiaria”, afirmó a esta columna una fuente de muy alto nivel en el banco central.

¿Hay quién llene el espacio? ¿Quién puede tener el perfil, la experiencia y la proyección internacional para llenar el espacio que dejará el gobernador saliente? Faltan 7 meses para que se concrete su salida, pero el gobierno de Peña Nieto tendrá que mandar señales de que tiene propuestas para sustituir a un personaje que goza del reconocimiento internacional y que pueden dar certidumbre y seguridad en la conducción de la política monetaria y de la inflación, especialmente en un año de tempestades y problemas.

Las primeras versiones voltearon al resucitado Luis Videgaray quien, a partir de una falaz reivindicación porque supuestamente “tuvo razón al invitar a Trump”, pretende ser redimido por sus aduladores y apoyadores tanto en la política como en los medios, de lo que casi 80% de los mexicanos sigue viendo como un “error histórico”, independientemente de si ganó o no el magnate en las pasadas elecciones.

Pero así como hay voces que ven a Videgaray como un candidato viable, también hay otras que le piden al presidente Peña Nieto no decidir su propuesta para el banco central sólo por “cuatismo”. Es el caso del coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, quien ayer alertó, ante las versiones que ya apuntaban al ex secretario de Hacienda, que el Presidente tiene que proponer “un perfil confiable y no un incondicional” para ocupar la posición que dejará Carstens. “No puede ser Luis Videgaray porque habría una situación de crítica a este Gobierno sobre el club de amigos de Peña”, señaló Barbosa.

Pero hay otros nombres que se mencionan en círculos financieros y hacendarios, con méritos y trayectoria para ocupar la posición de gobernador del Banxico. Uno de ellos es Roberto del Cueto Legaspi, abogado de la Libre de Derecho, ha sido subgobernador del Banxico desde 2007, aunque desde 1973 colabora en el organismo. También se pone en la lista a Javier Eduardo Guzmán Calafell, abogado de la UNAM, ingresó a Banxico en 1980 y ha ocupado varios cargos, combina la docencia con artículos en las áreas de comercio, finanzas internacionales, deuda externa, fugas de capital, política monetaria.

Manuel Ramos Francia, economista del ITAM, es otro de los mencionados. Fue director del Centro de Análisis e Investigación Económica; desde 2001 labora en el Banco de México, y preside el Comité Monetario y Financiero Internacional (IMFC) para Alternos del FMI. Manuel Sánchez González es doctor en Economía por la Universidad de Chicago y miembro de la Junta de Gobierno y Subgobernador del Banco de México desde 2009. Fue director del Centro de Análisis e Investigación Económica del ITAM.

Y finalmente se habla de José Antonio Díaz de León, economista del ITAM, miembro de la Junta de Gobierno del Banxico, hoy se desempeña como director de la Junta del Bancomext y sustituirá al subgobernador Manuel Sánchez, quien concluye funciones el 31 de diciembre.

¿Quién tendrá el perfil para ocupar el gran vacío que dejará Agustín Carstens y una trayectoria y experiencia que haga que su nombre sea capaz de generar confianza en los mercados tanto nacionales como extranjero. O lo que es lo mismo, ¿quién tendrá el tamaño para conducir el barco del Banxico en medio de la gran tormenta que se avecina para la economía mexicana?

Notas indiscretas… Una estampa del Consejo Político Nacional del PRI, realizado la semana pasada, dibuja las prioridades del dirigente nacional priísta, Enrique Ochoa Reza. La cuentan de primera mano funcionarios que acompañaban al presidente Enrique Peña Nieto a su llegada a la sede nacional priísta, poco antes de las 11 de la mañana del domingo 27 de noviembre. Tras ingresar apurado por la Puerta 4, en medio del blindaje del EMP y la Policía Federal, el Presidente se dirigía hacia la explanada cuando Ochoa Reza le pidió que si de favor le concedía “un minuto para comentarle algo”. Peña accedió, pero pidió al dirigente que fuera rápido “porque ya estamos retrasados”. Ochoa jaló al Presidente a un pequeño privado y ya ahí le comentó el asunto que le era de tanta urgencia: “Quiero pedirle de favor que me autorice a utilizar mis propios micrófonos a la hora de dar mi discurso”. El Presidente, contrariado, preguntó “¿Cómo, qué micrófonos?”. “Sí, mis micrófonos, es que el Estado Mayor me quitó los micrófonos con los que yo había ensayado en el pódium y me dicen que tengo que usar los mismos que usará usted, pero me quedan un poco bajos y tengo que agacharme para leer”. La cara de Peña Nieto, según cuentan los que lo vieron, era de incredulidad ante la petición. “Sí, sí, ahorita vemos, ya tenemos que entrar”, le dijo a Ochoa Reza y se enfiló directo hacia la explanada, donde ya lo esperaban miles de priístas. A la hora de los discursos no hubo cambio de micrófonos y el dirigente del PRI, contra su gran preocupación, tuvo que leer su mensaje un poco encorvado. El ego de los políticos... El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, ex titular de la Sedatu, mandó carta a esta columna en respuesta a la pregunta que hicimos el pasado jueves: “¿Supo o no supo el secretario Ramírez Marín de la corrupción mediante la cual Roberto Borge se apropió de 50 hectáreas del ejido Cozumel con ‘contratos de usufructo’ ilegales avalados por el Registro Nacional Agrario, dependiente de la Sedatu?”. “No tengo nada que ver y no he tenido participación alguna en el caso que describes”, dice el ahora diputado federal. Y argumenta: “la Sedatu no tiene, ni ha tenido desde su creación, facultades o atribuciones legales para validar o inscribir contratos sobre tierras ejidales”, que “el RAN es el único facultado para inscribir, calificar y certificar documentos en los que constan las operaciones relativas a la propiedad ejidal; tiene autonomía técnica y presupuestal, y es precisamente quien cuenta con las facultades exclusivas sobre la función registral para lograr el control de la tenencia de la tierra”, y que “no tuve conocimiento de tal operación, y menos participación; además de que el día 27 de febrero de 2015 dejé de estar al frente de la dependencia, es decir, semanas antes de lo que se señala en tu columna como fecha en que “se aprobó el contrato de usufructo de fecha 15 de marzo de 2015”. Hasta ahí la respuesta de Ramírez Marín que, básicamente, afirma que el RAN, que orgánicamente depende de la dependencia que él encabezó, puede hacer y deshacer sin que el secretario titular del ramo se entere de lo que hacen, así se trate de actos de corrupción, como que un gobernador despoje de sus tierras a ejidatarios… Batimos los dados. Escalera doble. Buena semana.

sgarciasoto@hotmail.com

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