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Los casos de Javier Duarte y Guillermo Padrés tienen en común el saqueo brutal e histórico a las cuentas públicas de sus estados y el enriquecimiento personal, y familiar de los dos gobernadores que construyeron, desde el poder local y, ante la ineficacia, complacencia o protección del gobierno federal, redes de corrupción perfectamente organizadas en las que lo mismo participaban empresarios, amigos, prestanombres y su familia más cercana, conformada como mafia para desviar recursos públicos y al mismo tiempo hacer negocios millonarios al amparo del poder.
La manera en que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se hizo el desentendido ante las denuncias de corrupción en ambos casos, profusamente difundidas y documentadas, lo mismo en investigaciones periodísticas que las evidenciaron, que en peticiones directas de que se les investigara hechas por organizaciones ciudadanas nacionales y de sus estados, políticos de su mismo partido, el PRI, despertaron toda clase de dudas y especulaciones sobre la inacción del Ejecutivo federal: desde la protección por motivos de pragmatismo político, en el caso de Padrés, cuando se negociaban los acuerdos del Pacto por México con el PAN, hasta la sospecha de complicidad y colusión en el caso de Duarte, ante un presunto financiamiento a su campaña presidencial a través de transferencias millonarias del erario veracruzano.
En ambos casos la actuación de la Procuraduría General de la República, extrañamente lenta y convenientemente tardía, no sólo permitió que los dos mandatarios señalados de corrupción primero se defendieran con todos los recursos y a punta de amparos, como lo hizo el ex gobernador de Sonora, quien tuvo la oportunidad de tramitar hasta 27 amparos para él y su familia, lo que lo mantuvo libre por varios meses, aún cuando su sucesora, la gobernadora Claudia Pavlovich, ya había documentado todos los desvíos cometidos por el panista, sino también que tuvieran el tiempo suficiente para planear una huida tranquilamente organizada para burlar las órdenes de aprehensión en su contra y ahora, desde la clandestinidad, como en el caso de Javier Duarte, preparar seguramente una sólida defensa jurídica de los delitos que se le imputan.
Hoy, más allá del discurso demagógico y supuestamente enérgico, lo mismo de la procuradora Arely Gómez que del secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, lo único cierto es que pasan los días y ni “con todo el gabinete de seguridad”, vaya ni con la cooperación de la Interpol el gobierno federal puede encontrar a estos dos prófugos que, con su cinismo y desvergüenza, se burlaron del Presidente y de todo el aparato de justicia que, al estar sujetos a una investigación federal, debió tenerlos vigilados.
Pero además, con su cobarde huida estos dos pájaros de cuenta se hacen de culpa y confirman su falta de estatura política y hasta de hombría, además del desprecio por sus indignados y enardecidos gobernados y por todos los mexicanos; a eso hay que sumar que en estos dos casos emblemáticos de corrupción política, si no se actúa de manera ejemplar y se les somete a un juicio en el que se prueben los graves delitos de los que los acusa el Ministerio Público federal, representarían el fracaso anticipado del nuevo y rimbombante Sistema Nacional Anticorrupción aprobado por el Congreso y que se busca instrumentar en el país. Si estos dos salen impunes, ese sistema habrá muerto antes de nacer.
Pero ante todo, los evadidos Javier Duarte de Ochoa y Guillermo Padres Elías serán, mientras sigan libres e impunes, la confirmación diaria y constante de que Enrique Peña Nieto es un presidente incapacitado e impedido para combatir y castigar realmente la corrupción, por ser él mismo la cabeza de un gobierno corrupto.
El “eslabón perdido” del caso Ayotzinapa. La detención de Felipe Flores, secretario de Seguridad Pública de Iguala durante el secuestro y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tardó 25 meses en concretarse, a pesar de que este caso ha sido catalogado por la procurador Arely Gómez como “la investigación más profunda y extensa en la historia de la procuración de justicia en el país”. Flores Velázquez, quien trabajaba bajo las órdenes directas del alcalde José Luis Abarca, es considerado la “pieza clave” o el “eslabón perdido” en la reconstrucción de lo que sucedió aquella noche trágica del 26 de septiembre.
El era el jefe de los policías de Iguala que secuestraron a los normalistas y coordinó todo el operativo por órdenes de Abarca, junto con el cual es considerado “autor intelectual” de aquella masacre. Flores fue también el responsable de haber entregado a los sicarios del cártel Guerreros Unidos a los 43 estudiantes que previamente habían sido detenidos y agredidos a balazos en los camiones que habían secuestrado y con los que pasaban por el centro de Iguala con destino final a la Ciudad de México.
Aquella noche del 26 de septiembre, cuando los policías ya tenían secuestrados, sometidos y maniatados a los 43 normalistas, además de haber herido a otros más que lograron escapar, Felipe Flores fue quien reportó a la Policía Estatal de Guerrero y a mandos del Ejército de la 27 Zona Militar de Iguala que todo estaba “bajo control” y que “no había personas detenidas”. Sin embargo, en la primera Averiguación Previa abierta sobre este caso por el procurador de Guerrero, Iñaki Blanco, Uziel Peralta Rodríguez y Francisco Narciso Campos, subdirector y supervisor de Tránsito de Iguala, declararon que Flores había ordenado la detención de los 43 normalistas que continúan, oficialmente, en calidad de “desaparecidos”.
Fue el entonces procurador Blanco Cabrera, quien condujo las primeras indagatorias de este caso y quien obtuvo los testimonios que implican a Felipe Flores, con base en los cuales la Fiscalía de Guerrero le giró la orden de aprehensión que ayer, 25 meses después, lograron cumplimentar la Sedena y la Marina en coordinación con la PGR, según informó la Comisión Nacional de Seguridad. Cuando la PGR atrajo las investigaciones del caso Ayotzinapa, el 4 de octubre de 2014, casi 10 días después de ocurrida la tragedia, ya estaba armada la acusación y las declaraciones que involucraron al secretario de Seguridad del Ayuntamiento de Iguala por parte de la Fiscalía de Guerrero.
Veremos ahora qué tanto dice Felipe Flores y si sus declaraciones, en las que ya pidieron estar presentes los padres de los 43 normalistas, confirman o refutan la cuestionada “verdad histórica” construida por el ex procurador Jesús Murillo Karam y por el flamante secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional de Los Pinos, Tomás Zerón de Lucio, y sostenida hasta ahora por la procuradora Arely Gómez. O si lo que sabe y puede decir el ex director de Seguridad municipal de Iguala no le da un vuelco a este caso y empieza por revelar lo que realmente pasó detrás del secuestro y muerte de los normalistas, los móviles reales de su brutal asesinato y los nombres de los verdaderos responsables que las indagatorias oficiales han querido ocultar.
Notas indiscretas… Detrás de las negociaciones, acuerdos, votos y vetos para elegir a los siete nuevos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hubo de todo. Desde un magistrado que llegó con recomendación directa de Los Pinos, como Felipe Fuentes Barrera, hasta los que fueron empujados y designados por cada partido, según la proporción de cada bancada: Tres del PRI, José Luis Vargas, Mónica Soto y Felipe Fuentes. Dos del PAN, Felipe de la Mata y Reyes Mondragón. Uno del PRD, Indalfer Infante. La séptima magistrada, Janine Madeline Otálora, fue empujada por PAN-PRD, luego de que los senadores de oposición vetaran a Berenice García Huante, a quien empujaba con insistencia el consejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes. Fue tanta la vehemencia de Castillejos, a quien en el Senado llaman el Senador 121 por su fuerte presencia y cabildeo en esa Cámara, que despertó suspicacias entre la oposición que optó por vetarla y en su lugar aprobaron a la magistrada Janine Madeline… Ante los señalamientos sobre un presunto negocio de su empresa Evercore, en la reestructuración de la multimillonaria deuda del gobierno de Veracruz, Pedro Aspe negó haber trabajado para el gobierno de Javier Duarte y haber realizado reestructura alguna en la entidad. “Nosotros nunca fuimos contratados por el estado de Veracruz para reestructurar su deuda ni para llevar a cabo ningún financiamiento”, dijo el ex secretario de Hacienda y presidente de Evercore México, en respuesta a los señalamientos atribuidos a un documento que entregó el gobernador electo de Veracruz, Miguel Angel Yunes, a Los Pinos y en el que se menciona que la empresa de Aspe habría obtenido comisiones de hasta 33% en distintos servicios y reestructuras realizadas para la administración de Duarte de Ochoa. Está claro que Evercore ha trabajado con un sin fin de gobiernos estatales y que ha realizado la mayoría de las ingenierías y reestructuraciones de las deudas estatales, pero con Duarte, dice Pedro Aspe, ni a la esquina. ¿Será?... Hasta antes del fallo del Tribunal Electoral, que validó el triunfo del panista Martín Orozco, el gobernador de Aguscalientes, Carlos Lozano, se había negado a tomarle siquiera la llamada al hoy gobernador electo. Más bien secretarios del gabinete federal y hasta el presidente Peña Nieto habían hablado y recibido a Orozco en los casi cuatro meses que han pasado desde la elección del 5 de junio, pero el gobernador priísta de Aguascalientes nada, ni siquiera una llamada, mucho menos pensar en hablar de preparar una transisción en el estado. A ver si ahora que ya no hay duda de su triunfo Orozco es digno de que el soberbio gobernador saliente le tire al menos un lazo… Los dados cierran con Serpiente. Semana intensa.
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