Tajamar: en la cancha del Poder Judicial

La decisión del juez segundo de Distrito en Cancún, que concedió la suspensión definitiva a las obras del proyecto Tajamar, le otorgó un triunfo momentáneo a las organizaciones civiles y ecologistas que se oponen al proyecto, pero al mismo tiempo, con su fallo, ese juez logró que un conflicto que hasta ahora era sólo del Ejecutivo federal, pasara al ámbito del Poder Judicial que hoy tiene en sus manos una auténtica papa caliente en materia jurídica

El juez abrió un frente delicado al sistema de justicia que tendrá que revisar y fallar sobre la legalidad de unas obras —de desmonte y chapeo— a pesar de que la legalidad de esas acciones nunca estuvo en duda por contar con permisos y manifestaciones de impacto ambiental vigentes. ¿Qué definirá entonces el juez si las obras estaban, según la versión del gobierno federal, con todos los permisos legales en regla?, ¿declarará ilegal el desmonte realizado y acusará de daño ambiental a las autoridades que lo ejecutaron?

Porque hasta ahora la discusión en Tajamar, más que de legalidad, ha sido un tema del enorme impacto social y mediático que a nivel nacional e internacional lograron las denuncias de ecocidio en una zona de manglar que comenzó a ser destruida desde 2005 cuando se autorizaron los primeros permisos, que luego fueron renovados y ampliados en 2009 y 2011, bajo el gobierno de Felipe Calderón. Cuando el Fonatur entró al polígono de 78 hectáreas que el amparo de los ambientalistas pide proteger, en realidad se trataba del último reducto que quedó de cientos de hectáreas destruidas e impactadas desde que se autorizó ese desarrollo. De hecho, la superficie que desató el conflicto y la movilización civil es apenas 10% de la superficie original de manglares que ya había sido impactada con la construcción de calles, avenidas y desarrollos inmobiliarios desde antes de 2012

Y aquí viene el dilema para el Poder Judicial: si concede la razón en el fondo del acto reclamado por los grupos civiles, estaría entonces determinando que fue ilegal la acción de Fonatur y ordenando la protección del polígono de las 78 hectáreas. Y eso estaría muy bien en términos ambientales y sería sin duda un triunfo histórico para la sociedad civil que se organizó y defendió el reducto de manglar. El problema vendría con los criterios jurídicos que utilice el juez para una decisión de ese tipo, pues si se invoca una Ley como la de Vida Silvestre, reformada en 2007, abriría la puerta a una aplicación “retroactiva” de la ley, un principio negado tajantemente por la Constitución.

Más aún, el mismo Juzgado Segundo de Distrito, que ayer concedió la suspensión definitiva, fue el que el 21 de enero pasado acudió al lugar donde se realizó el desmonte, a petición de los quejosos, y certificó, tras una inspección ocular, que no había muerte de fauna tras las obras de desmonte realizadas por Fonatur, y que el chapeo se realizó en su totalidad en la superficie autorizada. ¿Cómo entonces el juez va a argumentar ahora un daño que antes certificó que no había existido?

De ese tamaño es la presión para el Juzgado Segundo de Distrito en Cancún y para el Poder Judicial en su conjunto. Por un lado los grupos civiles presionarán y exigirán ahora congruencia y justicia a los jueces para frenar lo que consideran un “ecocidio” y por otro lado, un fallo judicial en contra de las obras inmobiliarias afectará las inversiones de miles de millones de pesos que particulares ya realizaron en ese desarrollo porque les dieron certidumbre jurídica de que todos los permisos y autorizaciones ambientales estaban en regla. ¿Hacia dónde fallará el Poder Judicial: protección ambiental o Estado de derecho y certidumbre a inversiones? Vaya dilema el que abrió el juez.

NOTAS INDISCRETAS…Todavía no empiezan las campañas y las elecciones de junio en los estados ya empezaron a judicializarse. Ayer el PAN respondió con furia a las acusaciones contra su candidato en Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, a quien un presunto narcotraficante acusó de recibir dinero del Cártel del Golfo. Los panistas acusaron al comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, de fabricar esas acusaciones y pidieron su renuncia. Así de rudas se pondrán las elecciones… Y hablando de rudeza, la que le aplicaron Ulises Ruiz y Roberto Borge al aspirante Carlos Joaquín está a punto de lograr la fractura del PRI en Quintana Roo. Ayer Manlio Fabio tuvo que entrar al quite por las travesuras de Ulises y ofreció “una decisión legal”. Lo que no dijo el sonorense es si eso significa que el PRI no se dividirá en aquel estado… Los dados mandan Serpiente. Caída libre.

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