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Hay analistas que se han preguntado por qué no llega la gente masivamente a los eventos del papa Francisco en México y la respuesta es más que simple: no llega porque los operativos de seguridad del Estado Mayor Presidencial son tan rígidos y los accesos y boletos tan restringidos que muchos mexicanos que quisieran acudir a un evento a ver al Papa simplemente no lo logran, y los que llegan, con invitaciones o privilegios, son sometidos a jornadas tan largas y desgastantes y a controles tan estrictos que terminan agotados, cansados o en algunos casos hasta desmayados y deshidratados.
La seguridad que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha puesto en torno a la visita papal y a la figura de Francisco, en todos sus recorridos y eventos en el país, ha sido tan extrema y rigurosa que prácticamente han sellado y aislado al Pontífice, evitándole el contacto con la gente y volviéndolo tan inaccesible para el común de las personas que provoca desánimo en la población, la cual ya no busca acercarse y menos acceder a los eventos. De ahí las imágenes de poca asistencia en lugares donde se esperaban concentraciones masivas, como ocurrió en el Zócalo capitalino el sábado pasado, donde dificultaron tanto los accesos y restringieron de tal forma los boletos que la gran plaza lució, más bien, semivacía.
El aislamiento al que han sometido a un Papa que gusta del contacto directo y cercano con la gente es tal que tanta seguridad ya despierta suspicacias sobre el objetivo real de estos operativos. El periodista Raymundo Riva Palacio se preguntaba en su columna Estrictamente Personal, del 15 de febrero, si la “paranoia enfermiza” del EMP y la Presidencia es por seguridad o se trata de un secuestro. “El Papa está secuestrado y no se ha dado cuenta. La seguridad ha desanimado a muchos. Para poder ir a una misa, tuvieron que llegar 12 horas antes del inicio programado para ubicarse en sus lugares”, decía Riva Palacio.
Un ejemplo de la preocupación que despierta en el gobierno la visita papal ocurrió el lunes en Chiapas, donde la misa en San Cristóbal de las Casas fue tratada por el gobierno federal como “asunto de seguridad nacional”. Hasta la capital de Chiapas llegó de improviso el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, para monitorear y supervisar personalmente los detalles y operativos de seguridad. Aun cuando el presidente Peña había comisionado ya al secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, como responsable de la presencia del Papa en Chiapas. Osorio se apersonó en Tuxtla, a donde llegó el domingo por la noche en helicóptero y pidió al gobierno del estado “unas oficinas para operar”. Le prestaron un área en la Procuraduría de Justicia del estado y desde ahí, el responsable de la política interna y jefe del Gabinete de Seguridad Nacional siguió paso a paso el recorrido del Pontífice en todos sus detalles, especialmente durante la misa celebrada con etnias en San Cristóbal de las Casas.
En el caso de Chiapas, el temor del gobierno, según expresó Osorio, tenía que ver no sólo con que se trataba de la primera visita que realizaba un Papa a San Cristóbal, cuna del movimiento guerrillero del EZLN, sino además con la proliferación y crecimiento de sectas e iglesias evangélicas en la región indígena de Los Altos y en todo el territorio chiapaneco, donde se estima que 40% de la población profesa algún credo de tipo evangélico o cristiano. El avance de los grupos evangélicos en esa región ya ha generado tensiones y conflictos religiosos en las comunidades indígenas, como el que ocurrió en 1997 con el fenómeno de los desplazados de Chenalhó que terminó con la masacre de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de aquel año. De hecho, un día antes de la llegada del Papa a Tuxtla, hubo una movilización de la Iglesia de La Luz del Mundo, que con más de 200 camiones ocupó varias calles del centro de la ciudad para una concentración que claramente era en reacción a la visita papal.
La pregunta que surge y que deberían aclarar las autoridades es si tanta y tan excesiva seguridad, que parece un intento deliberado por aislar y “secuestrar” al Papa, obedece a información específica sobre riesgos reales de atentados que conozca el gobierno o si simplemente, con la seguridad papal como pretexto, la administración de Peña Nieto prefirió a un Papa encapsulado y controlado por el Estado Mayor para que no vea, no escuche y no palpe demasiado sobre la realidad del país.
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