Zancadillas y corrupción en el ISSSTE

Las aguas internas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) están agitadas. Las investigaciones que ha iniciado la administración de José Reyes Baeza, sobre la asignación de contratos y obras en los últimos tres años, han desatado la reacción de grupos internos que parecen no querer que salgan a la luz pública varias irregularidades detectadas en la administración del organismo de salud, que van desde tráfico de influencias y asignaciones directas hasta sobreprecios millonarios en contratos otorgados. Hay incluso un contrato de varios millones de pesos que se otorgó a un cercano familiar de un ex director interino que hoy es Vocal Ejecutivo de un organismo del ISSSTE.

El descubrimiento de esta red de corrupción en el ISSSTE, que documentó desde septiembre pasado en EL UNIVERSAL el columnista Alberto Barranco, ha provocado un “fuego amigo” en contra de Reyes Baeza, contra quien han soltado toda clase de rumores, amenazas y señalamientos; desde filtrar que dejará la dirección del instituto, hasta presionar para que destituya a la actual directora de Administración, Minerva Castillo, o mandar mensajeros con advertencias como “No sabe en lo que se está metiendo”.

Y es que desde su llegada al cargo, el 28 de agosto de 2015, por decisión del presidente Peña Nieto, Reyes Baeza ordenó una revisión de los contratos y obras en el ISSSTE bajo la administración del fallecido Sebastián Lerdo de Tejada y el interinato del actual vocal del FOVISSSTE, Luis Antonio Godina, quien antes de quedarse como encargado de despacho fue también el secretario general del instituto y el operador de todas las confianzas de Lerdo de Tejada. Lo que comenzó a salir en esa primera revisión prendió los focos rojos: favoritismos por algunas empresas, asignaciones directas, tráfico de influencias, todo consignado en expedientes que obran en poder del actual director del organismo.

En su columna Empresa del 4 de septiembre de 2015, Alberto Barranco consignaba en estas mismas páginas que entre las empresas favorecidas ilegalmente estaba Vitalmex, propiedad de Jaime Cervantes Hernández y de sus hijos Jaime y Adrián Cervantes Figueroa, y sus dos empresas asociadas Aplicaciones Médicas y Medika Humana, las cuales recibieron un contrato trianual por 12 mil 150 millones de pesos; además de Tradeco, de Federico Martínez, a quien le habrían dado un contrato “por asignación directa” de 200 millones anuales para obras de mantenimiento en hospitales del ISSSTE.  Según el columnista de negocios, al interior del instituto operaba una “red de corrupción” de la que formaban parte funcionarios como el secretario general, Godina, y el director de Administración, Juan Nazario Ahuactzin, quienes incluso se comunicaban en claves con los empresarios Jaime y Adrián Cervantes. En esas claves Godina era llamado Cerebro, dice Barranco con base en grabaciones de conversaciones telefónicas en su poder.

Fuentes del instituto aseguran que lo que afirma el columnista Barranco es apenas la punta de un iceberg que podría salir a la luz en expedientes que estarían ya en la Secretaría de la Función Pública. Eso explica el nerviosismo del grupo interno que trata de meterle zancadillas al director del ISSSTE y para lograrlo se vale de un grupo de delegados estatales del instituto que siguen reportándose con los funcionarios de la anterior administración. Muchos de ese grupo hoy ocupan posiciones en el FOVISSSTE, donde se han apertrechado y donde al parecer se siguen lamentando de la designación de Reyes Baeza, sin entender que los vientos ya cambiaron de dirección y en una de esas los fuegos internos que andan prendiendo los pueden quemar a ellos mismos.

Así que, en las aguas agitadas que se mueven en el ISSSTE, tal vez Reyes Baeza deba cuidarse las espaldas; pero los que disparan contra la dirección del instituto (y quieren tapar la corrupción que está aflorando) más bien deben cuidar sus cabezas.

NOTAS INDISCRETAS… La senadora del PAN Silvia Garza presentó ayer la primera denuncia penal ante la PGR por “daños ambientales” cometidos en el manglar de Tajamar. La legisladora coahuilense pide que se investiguen los hechos, que califica como “masacre ambiental”, y acusa a funcionarios y empresarios “quienes resulten responsables”. ¿Sabrá la legisladora que entre esos responsables contra quienes pide “acción penal” podrían estar varios funcionarios de alto nivel de la Semarnat durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón?.. Se detienen los dados. Tocó Serpiente.

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