Tajamar: incongruencia de Calderón

En un país donde todos los días se arrasan bosques y selvas, donde la mayoría de sus ríos son vertederos de aguas negras y sustancias tóxicas que llegan al mar, donde la basura se tira a cielo abierto y miles de especies de flora y fauna están siendo arrasadas por el tráfico ilegal y la destrucción de su hábitat ante la incapacidad del Estado y la indiferencia de la mayoría de sus ciudadanos, el caso de Tajamar y el movimiento en defensa de esa zona de manglar es sin duda una luz en la oscura apatía que nos caracteriza como sociedad.

Pero por encima de intereses políticos que empiezan a treparse a los reclamos ciudadanos, detrás de esta historia hay datos, fechas y acciones que confirman que la decisión, primero de “urbanizar” esa zona de manglares y luego los permisos de construcción e impacto ambiental que hoy pretenden ser ejecutados por Fonatur, fueron autorizados por las dos administraciones anteriores del PAN; la de Vicente Fox, que en 2003 incluyó a la zona de Tajamar en su “plan de obras en Cancún” (cuando el director de Fonatur era John McCarthy) y la de Felipe Calderón, cuyo titular de Sermanat, Juan Elvira Quesada, otorgó ampliaciones para los permisos de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo.

Ayer el director jurídico del Fonatur, Manuel Mercado, puso el dedo en la llaga al señalar en conferencia de prensa que “todas las autorizaciones y permisos en materia ambiental, que hicieron posible el desarrollo de Tajamar” (incluida ésta última etapa que ha desatado la movilización ciudadana) fueron autorizadas por administraciones anteriores a la actual. Y a eso se añade que la venta de los lotes ya fraccionados fue un negocio consumado, en 95%, entre los gobiernos de Fox y Calderón.

El dato no es menor si se toma en cuenta que al menos Calderón promovió en su presidencia un discurso en defensa del cambio climático, que lo llevó a ser reconocido en 2012 como “Líder en Desarrollo Sustentable” por organismos extranjeros, además de conseguir para México la sede de la Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU en 2010, precisamente en Cancún.

Todavía está fresca en la memoria aquella ocasión, allá por 2007, cuando de visita en Cancún, precisamente en Tajamar, el presidente Calderón se topó durante un acto con un grupo de ciudadanos molestos que le reclamaron: “Oiga, están destruyendo el manglar”. El presidente volteó enojado y preguntó a su comitiva: “¿Quién fue el responsable del desmonte?”. El delegado de Fonatur en el estado, José Luis Funes, como niño regañado, se levantó y dijo: “Nosotros, señor presidente”. “Ah, pues a partir de este momento estás cesado”. Los aplausos no se hicieron esperar. Pero unos años después, en 2009, cuando vencía el plazo de la Manifestación de Impacto Ambiental otorgada en 2005 y el permiso para el cambio de uso de suelo, con lo que las obras se hubieran detenido, la Semarnat, con Elvira Quesada, renovó y amplió los dos permisos para que la urbanización del manglar continuara. ¿Era el mismo Felipe Calderón?

Peor aún, el empresario Francisco Córdova Lira, propietario de 8 mil 500 metros cuadrados en zona de Tajamar, declaró que él pagó al Fonatur, en 2012, aún en el gobierno calderonista, 38 millones de pesos por esos terrenos donde se construirán departamentos de lujo con vista al mar. ¿38 millones de pesos por unos terrenos donde cada departamento que se construya costará tal vez el doble de eso? ¿Quién permitió un negocio tan lucrativo con áreas naturales que, en la lógica del discurso contra el calentamiento global del mismo Calderón debían de ser protegidas?

Es cierto que el problema se ha suscitado ahora y que el malestar y la indignación ciudadanos en defensa de Tajamar, que representan un signo alentador, se enfocan hacia las actuales autoridades que decidieron meter las máquinas para terminar el desmonte en la última parte del desarrollo inmobiliario. Y también lo es que el argumento oficial de la actual dirección de Fonatur, de que “todos los permisos y manifestaciones de impacto ambiental están en regla y dentro de la ley”, pero la destrucción ecocida de Tajamar no comenzó hace unas semanas, sino que se gestó y se vino realizando en los últimos años, ideada, autorizada y refrendada por gobernantes que se decían “defensores del medio ambiente”. Esa es la gran incongruencia de Calderón.

La última palabra la tiene hoy el juez que decidirá si concede la suspensión definitiva, lo que detendría las obras de desmonte y protegería el manglar o, si lo niega, permitiría que continúe el proyecto urbanizador autorizado por el “Líder en Desarrollo Sustentable 2012”.

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