Colima, la trata y el Teletón

Ni el comienzo de las posadas, ni el espíritu navideño que empieza a inundar el ambiente, evitó que la enconada disputa por la gubernatura de Colima, cuya elección extraordinaria tendrá lugar el 17 de enero de 2016, subiera de intensidad a un mes exacto de las votaciones. Ayer, mientras el PRI anunciaba su intención de proceder legalmente contra el candidato del PAN, José Luis Preciado, por haber promocionado su campaña en el Teletón, los panistas contraatacaron y acusaron a la ex diputada blanquiazul, Rosy Orozco, de haberse convertido “en un brazo electoral del priísmo” y de ser “la principal tratante de personas en el país”.

Y es que después de que la Fundación del Teletón, que organiza Televisa, descalificara al panista Preciado, por haberse presentado en su evento sin estar invitado y ocupar el espacio de otro donador para lanzar un mensaje de proselitismo político “inadecuado y fuera de lugar” y que violó “el código de ética de la institución”, según dijo el presidente de la fundación, Fernando Landeros, el PRI se montó en esa descalificación para amenazar con una denuncia por delitos electorales contra el candidato a gobernador del PAN. “No tiene escrúpulos; va a ese foro aprovechando temas muy serios, como es el dolor o las discapacidades que sufren algunos niños”, dijo al respecto el candidato del PRI, José Ignacio Peralta.

Pero ante el amago priísta, el PAN salió en defensa de su candidato y la dirigencia nacional, junto con su bancada en el Senado, acusaron al PRI de lucrar con el tema de la trata de personas y de utilizar para ello a la ex diputada Rosy Orozco, quien llegó a San Lázaro apoyada por el panismo. Fernando Rodríguez Doval, vocero del CEN panista, y un grupo de seis senadores, entre quienes estaban Adriana Dávila, Mariana Gómez del Campo, Silvia Garza, Javier Lozano, Francisco Búrquez y Francisco García Cabeza de Vaca, exigieron ayer en conferencia de prensa que el gobierno federal investigue el destino de los recursos públicos que se le han entregado a Rosy Orozco y su fundación “Unidos contra la Trata”, por considerar que la ex legisladora incurre en desvío del dinero federal.

“Exigimos al gobierno federal una investigación sobre los apoyos que han entregado a la señora Orozco, a través de las diversas organizaciones que ha creado para allegarse de recursos públicos”, demandaron en un pronunciamiento, leído por la presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas en el Senado, Adriana Dávila. “Se ha dedicado a entregar premios a gobernadores, principalmente del PRI, cuyos estados, por cierto, no son el mejor ejemplo de combate contra la trata, como el Estado de México, con el mayor número de feminicidios; Quintana Roo, con las cifras más altas en turismo sexual, y Chiapas, con enormes violaciones en los supuestos operativos contra la trata”, acusaron los panistas.

La descalificación del PAN se produjo luego de que Rosy Orozco rechazara la Ley contra la Trata que se discute en el Senado y organizara un foro sobre trata de personas al que invitó a los candidatos al gobierno de Colima, principalmente a Nacho Peralta del PRI, pero no invitó a Jorge Luis Preciado porque, según dijo la ex diputada panista, “nosotros seleccionamos a los candidatos que no tengan ninguna acusación en estos temas”. El comentario de Orozco se refería a publicaciones en los medios colimenses que aseguran que el candidato panista asiste a fiestas en donde se cometen actos de prostitución.

Eso desató la ira de los panistas que salieron en defensa de su candidato en Colima. La senadora Dávila, quien preside la Comisión contra la Trata de personas en el Senado, acusó a Rosy Orozco de explotar a víctimas de trata como sus empleadas, asistentes y cocineras, y de que se beneficia y apropia de bienes decomisados al crimen organizado, como una mansión en Las Lomas de Chapultepec donde actualmente reside. “La señora Orozco es la principal tratante que tenemos en el país”, afirmó la senadora Dávila, precandidata al gobierno de Tlaxcala, uno de los estados donde más se comete el delito de trata de mujeres.

Veremos en qué termina el agarrón en Colima, pero está claro que, a cuatro semanas de que se repitan las votaciones anuladas por el Tribunal Electoral federal, por apoyos ilegales del gobierno estatal al PRI, la tensión crece y se avecina una elección tan cerrada o más de la de junio pasado. Y si así está el tono en plenas posadas, quiere decir que, en esta guerra por la gubernatura entre PRI y PAN, no habrá ni tregua navideña.

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