Como si se tratara de dos personalidades diferentes, que viven en dos realidades distintas, el presidente Enrique Peña Nieto llegó ayer a la sede de la ONU para proponer a nombre de México que “el reconocimiento del Estado de derecho como requisito indispensable para el desarrollo” sea parte de la agenda 2030 obligatoria para todos los países; pero mientras el mandatario mexicano proponía eso en Nueva York, aquí, en las calles de su país retumbaba el grito de justicia para los 43, un año después de Ayotzinapa y, con las movilizaciones y protestas en varias ciudades, quedó claro que en México no existe ese Estado de derecho que Peña promueve en el extranjero.

Porque después del diálogo de sordos que terminó siendo el encuentro del pasado jueves con los padres de los normalistas de Ayotzinapa, en donde no hubo avances tangibles más allá del ofrecimiento presidencial de crear una fiscalía —otra más— que investigue las miles de desapariciones en el país y la promesa de que habrá nuevos peritajes en el caso de los 43, más que atender y resolver a fondo los reclamos de justicia que se multiplican por todo el país, —en este y muchos otros casos de violencia, secuestros, desapariciones y asesinatos— lo que intenta hacer la administración de Peña Nieto es administrar el problema, hacer como que hace sin comprometerse con un cambio de fondo que termine con la injusticia, la ilegalidad y la corrupción que privan en la República y su ineficiente y corrupto sistema de justicia.

¿Cómo puede el mismo Presidente mostrar dos facetas tan distintas en apenas unos días? Aquí, sólo retórica y discursos que intentan mostrar sensibilidad con los padres de las víctimas, acompañados de compromisos generales, salidas burocráticas y evasión de responsabilidad por errores cometidos en su gabinete en las investigaciones; pero en el extranjero, ante la comunidad internacional, propone a nombre de México —el mismo país herido, dolido y sufrido por la injusticia, la impunidad y la violencia— que se reconozca al Estado de derecho, a la inclusión social y económica, como “requisitos indispensables para el desarrollo”.

No se puede pregonar afuera lo que no se tiene ni se busca con verdadera voluntad en la casa propia. Hace un año que el presidente prometió reformas legales y constitucionales en un decálogo que buscaba responder al clamor ciudadano y social contra la inseguridad, la violencia y la impunidad, después del crimen de los normalistas en Iguala; a la fecha, ninguna de las 10 propuestas que presentó al Congreso se ha aprobado y mucho menos llevado a la práctica, en parte por la ineficiencia y mezquindad de los congresistas del gobierno y de la oposición, pero también en parte por la indolencia y el abandono de Peña Nieto para operar y cabildear sus propuestas que duermen el sueño de los justos en el Poder Legislativo.

Al final, el problema de personalidad múltiple que muestra el presidente mexicano, con demandas y propuestas para una agenda internacional que ni se cumplen ni resuelven en su propio país, pareció tener una respuesta en el mismo foro de la ONU donde otro presidente, Barack Obama, de Estados Unidos, dirigió un duro discurso que parecía un saco a la medida de varios mandatarios que escuchaban en el salón de sesiones: “El cinismo de los gobernantes es el peor enemigo para cumplir la Agenda 2030… El desarrollo y crecimiento sostenido e inclusivo depende de gobiernos e instituciones que se preocupan por sus pueblos, por su gente, que rinden cuentas, que respetan los derechos humanos, y que ofrecen justicia a todos y no solamente a algunos”. Así o más claro.

NOTAS INDISCRETAS… Dos cosas llaman la atención en el adelantado proceso para elegir dirigencia del PAN en Puebla: primero que en la planilla apareciera el nombre de Martha Erika Alonso, la esposa del gobernador Rafael Moreno Valle, quien pidió licencia a su cargo de presidenta del DIF para buscar la Secretaría General del panismo junto al candidato a presidente Jesús Giles Carmona. Y la segunda que en la misma planilla en la que va la primera dama aparece Martha del Sagrado Corazón Fernández de Castro Diez, una señora que estaba oficialmente muerta, pues según un acta judicial del 20 de octubre del 2005, bajo la causa penal 297/2004, donde la denunciaron por el delito de “fraude genérico”, se establece que la acusación fue “en agravio de quien en vida se llamó Martha del Sagrado Corazón Fernández de Castro Diez”. ¿Será que la muerta resucitó para acompañar a la primera dama de Puebla en su intención de ser dirigente panista en el estado? Los dados mandan Serpiente. Mal empieza la semana.

sgarciasoto@hotmail.com

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